Personas en situación de migración piden reconocimiento a su nacionalidad mexicana

Montserrat Muñoz

Son mexicanos todas aquellas personas en territorio nacional o que sean hijos de padres mexicanos, reza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 30. Sin embargo, actualmente hay al menos 600 mil personas apátridas, según lo que reporta la Secretaría de Gobernación. Muchas de ellas son migrantes que, a pesar de ser meritorios de este derecho considerado fundamental, no pueden legalmente ostentar la nacionalidad mexicana gracias a diversos obstáculos burocráticos y legislativos.

En este contexto y en el marco Día del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre, se llevó a cabo la mesa redonda "Eliminar la discriminación y garantizar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana", organizada por el Grupo de Identidad y Educación para personas Migrantes (GIE) en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) y llevada a cabo de manera virtual.

El foro, moderado por Alberto Nájar, periodista y presidente de la Red de Periodistas de a Pie, convocó a migrantes afectados por esta problemática, representantes de colectivos migrantes e investigadores, así como a funcionarios, diputados federales y senadores que tienen un rol activo en el tema.

Sofía de la Peña, académica del ITESO e integrante del GIE, dijo que, pese a que hay algunos avances en la materia, las dificultades en el reconocimiento de la nacionalidad mexicana para migrantes persisten y complican diversos aspectos de la vida para miles de personas.

Señaló que el GIE, formalmente constituido en 2017, da seguimiento al acceso al derecho a la identidad de personas migrantes y sus familias "identificando las diversas problemáticas que (estos grupos) enfrentan y que derivan en dificultades para el acceso a otros derechos como educación, salud y trabajo".

Melissa Vértiz Hernández, secretaria técnica del GTPM, aplaudió que este espacio diera voz a las personas afectadas, pero también que hubiera un diálogo con tomadores de decisiones con la finalidad de que escucharan propuestas y se pueda "avanzar hacia una práctica que nos lleve a un gozo efectivo de derechos de todas aquellas personas que por distintas circunstancias se vieron obligadas a salir de México y que son deportadas".

Alexander Vey, director del Proyecto para el Fortalecimiento de la Integración Local (Profil) de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán), señaló que un requisito indispensable para alcanzar la integración sostenible de las personas en situación de movilidad es garantizar el derecho a la identidad y reconocerlo como un derecho clave que permite el acceso a otros derechos y servicios, y mejor aún desde una perspectiva de género, desarrollo e interculturalidad.

Eliminar la apostilla para facilitar procesos

Danielle Cosmes Aguilar, mujer migrante retornada e integrante del colectivo Otros Dreams en Acción; Yolanda Varona Palacios, fundadora del colectivo Dreamers Mom´s Tijuana; Karlexa Maurit Ledezma, migrante refugiada en México; Elsa de la Cruz Martínez, jefa suprema de la comunidad San Pedro del Rosal, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México; Azul Citlali Pedraza, migrante de una comunidad mazahua, y Edna Berenice Rosas Tejeda y Ana Laura López, ambas del Colectivo Deportados Unidos en la Lucha (DUL) y esta última además coordinadora del grupo de promotoras del GIE, compartieron sus vivencias.

A pesar de sus diferentes experiencias, todas coincidieron en la necesidad de eliminar la apostilla y de modificar los lineamientos de la Segob y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para facilitar procesos y garantizar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana.

Norma Mendieta, coordinadora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami), afirmó que una de las barreras más importantes para acceder al derecho a la identidad es presentar los documentos con la apostilla. Este es un requisito para los mexicanos nacidos en el extranjero y para los nacidos en México con padres extranjeros, a quienes se les pide presentar documentos apostillados para realizar, entre otros trámites, el registro de nacimiento.

Esto, continuó Mendieta, es prácticamente imposible para quienes viven un proceso de deportación o están en condición de refugiados. "¿Cómo solicitarles a quienes fueron deportados que regresen nuevamente a los Estados Unidos para poder obtener la apostilla de los documentos?", cuestionó.

El GIE ha trabajado en la elaboración de propuestas formales para que se dispense este trámite, a fin de facilitar el cumplimiento del artículo 30 constitucional. En 2020 se presentaron a la Comisión de Gobernación del Senado, y se buscará presentarlas a las comisiones de Asuntos Migratorios, Asuntos de la Frontera Norte y de Gobernación de la Cámara de Diputados, con quienes se buscará establecer una mesa de trabajo.

Efraín Jiménez, representante del Consejo de Federaciones Zacatecanas (Cofezac), señaló que la identidad es un derecho al que un migrante no puede acceder fácilmente. "Es un verdadero viacrucis acceder a una acreditación de nacionalidad mexicana. El reto es articular esfuerzos entre la SRE, la Segob y nosotros como sociedad civil", mencionó.

Legisladores señalan un problema burocrático

Bertha Caraveo, senadora y presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República, dijo que el derecho a la identidad es inalienable a cualquier persona, pero advirtió que la burocracia impide el correcto reconocimiento y sigue perpetuando ciclos de discriminación.

"Este tipo de facultades nos rebasa a las y los legisladores por ser cuestiones meramente administrativas. Debemos buscar soluciones a esta problemática para simplificar estos procesos administrativos. No reconocer la nacionalidad a una persona entraría en contradicción con nuestra norma constitucional. Lo que más nos debe de importar y que debe ocuparnos a las y los legisladores es no vulnerar los derechos básicos de todas las personas", dijo.

Por su parte, Laura Lorena Haro, diputada e integrante de la Comisión de Gobernación y Población, señaló que es fundamental la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Asumió como una de las responsabilidades de los legisladores crear la estructura legal suficiente para armonizar los esfuerzos federales, estatales y locales por el bien de los connacionales.

Coincidió con ello Fátima Almendra Cruz Peláez, diputada y secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, quien añadió que "el diseño de políticas públicas debería propiciar la atención integral de los mexicanos nacidos en otro país. Es claro que no basta con el impulso de un marco legal para que el problema se encuentre atendido. Es necesario además armonizar las normativas estatales (…) para que se pueda resolver el problema en hechos y no solo en un texto".

Amalia García, diputada y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, enfatizó la necesidad de generar condiciones en el ámbito educativo y laboral para que quienes regresen al país puedan incorporarse a la sociedad sin sufrir discriminación, mientras que Maribel Martínez Ruiz, diputada e integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, instó a revisar exhaustivamente los alcances de las funciones de los cargos públicos y eliminar barreras excesivas.

Desde el ejecutivo

Jorge Wheatley Fernández, director general del Registro Nacional de Población e Identidad de la Segob, argumentó que, pese a la creencia popular, "el derecho a la identidad no es un acta de nacimiento. El derecho a la identidad se reconoce al momento de que se registra a una persona en los libros de los registros civiles".

Respecto a la apostilla, dijo que este es un trámite que se requiere para validar un documento identitario. "Es un tema de derecho internacional, lo estamos trabajando con la SRE y dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar que al menos en América no se requieran las apostillas. Lo que hemos buscado en México es facilitar la expedición de documentos en los consulados para que los migrantes no requieran las apostillas", explicó.

El funcionario, quien participó a nombre de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, señaló que al momento se tienen convenios con 43 de las 50 entidades de Estados Unidos con el fin de contar con una conexión con los sistemas de registro. Un gran pendiente, señaló, es Texas, uno de los lugares con mayores índices de migración de mexicanos.

El funcionario consideró un avance importante, para quienes regresan a México, la emisión de una CURP temporal con fotografía en los módulos de repatriación, la cual permite a la persona acreditada tener un año para regularizar su situación en el país y además le da acceso al trabajo, educación, salud y vivienda.

Adelantó que existen dos iniciativas de ley que tratan estos temas: la Ley General de Población y la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Civiles, en las que se proponen soluciones que al momento están siendo discutidas en las cámaras.

Marcelino Miranda, director general de asuntos jurídicos de la SRE, destacó que entre los avances que se han logrado está la reforma al artículo 30 constitucional publicada en mayo de 2021, que garantiza la transmisión indefinida de la nacionalidad mexicana para las generaciones consiguientes de mexicanos nacidos en el extranjero. "Esta reforma se está aplicando de manera retroactiva, con lo que se va a beneficiar a miles de personas que han nacido fuera de México", apuntó.

Agregó que en las oficinas consulares se puede hacer el registro de personas mexicanas en el exterior, donde además no se pide apostilla ni traducción de documentos.

Berenice Valdez Rivera, coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi), agradeció el diálogo y la participación de todos los participantes, y pidió a legisladores y funcionarios dar seguimiento al tema y evaluar las acciones emprendidas por las diferentes autoridades.

"Es una necesidad legítima de acceder a la nacionalidad mexicana y no quedar en un limbo legal", dijo. Entre las propuestas que se buscará dialogar con la mesa de trabajo en cuestión está una reforma a la Ley General de Población y continuar con el análisis de la eliminación de la apostilla, entre otros temas.