Fondo de Pensiones para el Bienestar: una reforma endeble

 
Andrés Gallegos 
 
El pasado 30 de abril entró en vigor el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se alimentará con 40 mil millones de pesos de 260 mil cuentas de Afore inactivas y no reclamadas por adultos mayores de 70 años. Es la reforma más reciente al sistema de retiro en México.  

El fin de esto, defendió el gobierno federal —impulsor de la iniciativa—, será complementar las pensiones de los primeros trabajadores que se retirarán bajo la Ley del IMSS de 1997, con el objetivo de que su jubilación equivalga al 100 por ciento del salario con el que trabajaban antes de retirarse.  

Sin embargo persisten las dudas en la operación del nuevo fondo, especialmente por las prisas con las que se construyó y aprobó la reforma, así como por la falta de claridad acerca de cómo se administrarán los 40 mil millones de pesos y cómo se generarán nuevos recursos para cumplir el objetivo de pagar pensiones al 100 por ciento.  

“La reforma se hizo con tanta prisa que no garantiza que las personas que se vayan a jubilar con la Ley de 1997 reciban el 100 por ciento de su salario”, señala Mireya Pasillas Torres, profesora del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM) del ITESO. "Sólo dice que procurará darles ese beneficio, siempre y cuando haya recursos suficientes y solvencia presupuestaria”.  

La profesora observa al menos cuatro problemas con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El primero de ellos es esa falta de certeza ya mencionada. Pero tampoco se sabe si se transparentará en qué se invertirá el dinero del fondo para garantizar las pensiones, o cómo se entregarán los recursos a las personas mayores de 70 años que decidan reclamarlos.  

Para financiar posteriormente el fondo y seguir pagando al 100 por ciento las pensiones, el gobierno federal asegura que se destinará 25 por ciento de las utilidades de las empresas del Estado, por ejemplo, el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), un punto muy criticado por los opositores a la reforma debido a que estas obras no han demostrado ser redituables o tener un plan estructurado para obtener ganancias en el futuro. 

Un segundo conflicto es que “se sigue beneficiando a una minoría del país”. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), apenas 25 por ciento de los mexicanos alcanzarán las semanas de cotización requeridas por la Ley del Seguro Social para recibir una pensión —hasta mil, según la reforma más reciente, de 2020—. El fondo no salpicará al otro 75 por ciento que no acumulará las semanas laborales de ley, debido a la prevalencia de la informalidad en la economía mexicana.  

El tercer "pero" analizado por Pasillas es que “se dispone del dinero de un sector de la población especialmente desprotegida: los adultos mayores de 70 años”, con independencia de que las cuentas inactivas de estas personas representen apenas 0.75 por ciento del dinero total que manejan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).  

"En apariencia, (el fondo) va a beneficiar a trabajadores, pero lo cierto es que estás tomando recursos de personas que son muy vulnerables, que probablemente no saben que tienen dinero en una Afore, o que fallecieron y sus familiares no saben que tenían dinero en una Afore”, afirma la experta.  

Finalmente, el cuarto problema es la “afectación a largo plazo que puede tener el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras la reforma al Artículo 302 de la Ley del Seguro Social”. A grandes rasgos, esa norma le permitía al IMSS hacerse de los recursos de las subcuentas de retiro no reclamadas a los 10 años de que sean exigibles, con el fin de tener dinero suficiente para no dejar de pagar las pensiones. Sin embargo, hoy esos recursos pasarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y no al Seguro Social, que podría tener problemas para cumplir sus obligaciones con los jubilados, menciona Pasillas.  
 
No es el primer paso para que el gobierno tome más de las Afores 
 
Tanto Mireya Pasillas como Luis Ignacio Román Morales, también académico del DEAM, descartan la posibilidad de que la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar abra las puertas a que el gobierno federal tome más cuentas de las Afores, algo que se apuntó mucho desde los partidos de oposición durante la discusión previa a la reforma.  

"Al contrario, me parece terrible que haya unos cuantos corporativos financieros que simplemente puedan acumular por la eternidad una cantidad exorbitante de dinero y hablen a nombre de trabajadores que nunca aparecen", señala Román. 

El académico agrega que hay una manipulación de la información por parte de los grandes corporativos para fomentar el supuesto peligro de un robo a las pensiones de todos los mexicanos. Los 40 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones para el Bienestar, según los cálculos de Román, representan apenas 0.75 por ciento del dinero total que manejan las Afores: 6 millones de millones de pesos, dos terceras partes de todo el Presupuesto Anual del Gobierno de México. 

"Si por ese 0.75 por ciento se está generando este nivel de respuesta, significa que el poder en el país ha sido y está siendo controlado por una lógica plutocrática y el poder del dinero, y no por una lógica democrática, y que importa más el rendimiento de las Afores que el ingreso de los trabajadores", observa. 

Pasillas Torres descarta ese riesgo, pero por los posibles perjuicios que ocasionaría a la economía nacional. "No creo que lleguemos a ese extremo, sería muy perjudicial desde un punto de visto económico que se tomaran esos recursos”.  
 
¿Cómo mejorar el sistema de pensiones en México? 
 
Ambos profesores coinciden en que hacen falta medidas para robustecer las pensiones en México y proponen algunas acciones al respecto. Actualmente, el ahorro para el retiro en nuestro país se rige bajo los preceptos de la Ley del Seguro Social de 1997, que le otorga mayor responsabilidad al trabajador, quien almacena su dinero en una cuenta de una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore), cuya operación es responsabilidad de instituciones de la banca privada reguladas por la Consar —organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— y cuyo fin es invertir el dinero de esa cuenta para obtener rendimientos y, con ello, elevar el monto de la pensión del trabajador. 

Cada bimestre, el patrón pone entre seis y 15 por ciento del salario base de cotización del IMSS en la Afore del trabajador, el Gobierno mexicano pone 0.225 por ciento y el trabajador 1.125 por ciento. Un mexicano puede reclamar su pensión al cumplir máximo mil semanas laborales cotizadas en 2023 —anteriormente eran mil 250, pero eso cambió tras una reforma en 2020.  

Esto se contrapone a la Ley de 1973, según la cual el Estado mexicano tenía un papel más protagonista y se comprometía a aportar el dinero suficiente para el retiro con el fin de que el pensionado recibiera 100 por ciento de su último salario mensual si se retiraba por vejez (65 años de edad en adelante), o entre 75 y 95 por ciento si se retiraba por cesantía (60-64 años). El requisito mínimo de semanas laborales cotizadas eran 500.  

Ignacio Román apunta que los jubilados o pensionados por la Ley de 1997 se están retirando con el equivalente a 25 por ciento de su último ingreso, lo que representa un "nivel de empobrecimiento brutal para la gente". Añade que "si la esperanza de vida está creciendo, pero las condiciones económicas se están deteriorando enormemente, lo que estamos generando para el país es una vejez miserable". 

No obstante, un sistema de pensiones requiere alimentarse de recursos suficientes para garantizar que los jubilados reciban su dinero. Actualmente, México tiene problemas para hacerse por sí mismo de esos recursos. Los profesores entrevistados para este artículo proporcionan tres alternativas para subsanar los fallos de la ley de 1997 y que se cumpla el objetivo de que los adultos mayores se retiren con buenas pensiones:  
 
Aumentar la recaudación fiscal 

Luis Ignacio Román propone una reforma fiscal significativa en la que se capten más recursos para pagar las jubilaciones sin que haya un golpe muy fuerte para los trabajadores. 

"Debe haber una forma creciente de captación de recursos del Estado mexicano y esto no se puede lograr sin una reforma fiscal profunda y progresiva. Si estamos teniendo una bajísima captación fiscal (17 por ciento del PIB) frente a 27 por ciento en Estados Unidos o 35 por ciento en Europa, lo que tenemos es que tributariamente México es un país pobre". 
 
Fomentar la formalización de los trabajadores, es decir, que se registren y coticen en el IMSS 

Los requisitos para pensionarse en México provocan que apenas uno de cada cuatro trabajadores se retiren con el dinero acumulado en su Afore. Pasillas afirma que se necesita una "gran campaña de concientización" para que quienes laboren en la informalidad puedan cotizar en el IMSS y tengan derecho a una pensión.   

Otro pendiente será vincular al sector independiente, freelance o que trabaja por cuenta propia al Seguro Social. “Un cambio estructural en las pensiones debe acompañarse de un cambio estructural en la formalidad”, advierte.  
 
Seguridad Social Universal 

En algunos países, como Reino Unido, todos los ciudadanos, sin importar su estatus laboral, cuentan con Seguridad Social Universal que les brinda un subsidio económico a partir de cierta edad, por lo general después de los 65 años. 

Para que algo así suceda en México, se debe acompañar de mejores medidas recaudatorias, recuerda Pasillas.  
 
¿Cuáles son las cuentas que pasarán al fondo? 

En síntesis, las cuentas que se traspasarían serían las siguientes: 
•     Aquellas cuyo titular tenga más de 70 años (o 75 si es trabajador del ISSSTE).
•    Esas cuentas no deben haber cotizado en el IMSS o ISSSTE en el último año.  Aquellas en las que no se inició un trámite de pensión.  Los casos en que no se retiraron los recursos de la Afore por alguna razón (fallecimiento del titular, desconocimiento de que se tiene la cuenta, etcétera). 
 
¿Quién manejará el fondo? 

Todos los recursos irán a un fideicomiso público que constituirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo fiduciario será el Banco de México. 
 
¿Quiénes serán beneficiados por el nuevo fondo? 

Se busca asegurar que los trabajadores de 65 años o más, con pensiones menores o iguales a 16 mil 777 pesos mensuales (según el salario de cotización promedio del IMSS), y que se jubilan conforme a la Ley de Pensiones vigente desde 1997, reciban un complemento para igualar su último salario registrado en 2023. El monto se actualizará anualmente según la inflación estimada. 

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel  López Obrador, la medida beneficiará a 2.7 millones de trabajadores, pero en realidad no se tiene el dato preciso. 
 
¿Cómo sé si un familiar mayor de 70 años tiene Afore, pero no la ha reclamado? 

Para evitar que se pierdan esos recursos y pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) recomienda identificar la Afore donde está la cuenta. Esa consulta se puede hacer por tres vías: la línea telefónica Sartel (55 1328 5000), en la aplicación Afore Móvil y en el portal Afore Web.