¿Estado fallido o Estado ausente?

Por Jorge Rocha

La primera semana de octubre de este año los medios de comunicación nacionales se convirtieron en una novela de terror. Se reportó que 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa estaban desaparecidos y a partir de su búsqueda se han encontrado nueve fosas comunes con cuerpos de los cuáles tampoco se conoce su identidad.

El gobierno de aquella entidad apresó a 30 personas implicadas, entre ellas policías del municipio de Iguala, Guerrero; y la Procuraduría General de la República afirmó que el presidente municipal, José Luis Abarca, su esposa, el responsable de seguridad pública municipal y el líder del cártel "Guerreros Unidos" son los responsables de este lamentable hecho.

Este asunto generó la solidaridad e indignación nacional y puso contra la pared al gobierno perredista de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre, quien tuvo que pedir licencia a su cargo y dejar su lugar a Rogelio Ortega. Mucha tinta y análisis se han vertido en la opinión pública al respecto de este caso, pero desde mi particular punto de vista tres asuntos revisten una particular importancia: la incapacidad de respuesta del Estado mexicano; las relaciones entre delincuencia organizada y gobiernos locales y la criminalización y estigmatización de jóvenes y movimientos sociales.

Se supone que los distintos niveles de gobierno están implementando medidas, mecanismos y dispositivos para contener el problema de las desapariciones.

Un ejemplo de ello es la alerta Amber. Sin embargo, en el caso de los normalistas de Ayotzinapa ni el gobierno del estado de Guerrero ni el Gobierno Federal tuvieron la capacidad de respuesta, ni implementaron las acciones necesarias para buscar a los estudiantes de la normal rural, cuando en este tipo de eventos las respuestas inmediatas son vitales para resolver los casos de forma favorable.

Incluso fue tal la incapacidad mostrada que el presidente municipal de Iguala tuvo el tiempo necesario para huir del estado. La falta de voluntad política, el desdén por el caso, la ausencia de coordinación y una preocupante insensibilidad se conjuntaron para que la clase política de aquella entidad no hiciera lo necesario ante la gravedad del asunto.

Resulta muy delicado que ante hechos de esta naturaleza el Estado mexicano no sea capaz de responder adecuadamente, ya que esto solo demuestra el alto grado de indefensión en el que estamos todas y todos. Se supone que una de las obligaciones primordiales de los gobiernos es garantizar el derecho a la seguridad; el caso de Ayotzinapa mostró de forma cruda las debilidades del sistema.

Desde hace tiempo, académicos como Edgardo Buscaglia habían advertido en distintos foros y publicaciones el problema creciente del involucramiento y la penetración del crimen organizado en gobiernos locales, y que era un problema no resuelto desde el gobierno de Felipe Calderón.

Es evidente que el cambio en el gobierno federal no logró dar soluciones a este asunto y el caso de Ayotzinapa es un devastador ejemplo de ello. De acuerdo a las informaciones vertidas en los distintos medios de comunicación, el gobierno municipal de Iguala, de origen perredista, estaba coludido con las bandas delincuenciales de la región y que en el caso de los normalistas actuaron de forma conjunta.

Esto representa un gravísimo problema, ya que de facto no son las autoridades legítimamente elegidas las que gobiernan, sino los carteles de la droga, que son quienes efectivamente controlan los territorios. Esto sin duda nos lleva a retomar las ideas del "Estado fallido", del "Estado ausente" o del "Narco-Estado" que no es capaz de realizar sus funciones y termina dejándolas en manos de la delincuencia organizada.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuántos municipios de México o de Jalisco estarán en la misma situación que Iguala?

El tercer asunto de notoria gravedad es que siguen siendo jóvenes estudiantes los destinatarios de este tipo de violencia. Ya desde antes se ha criticado fuertemente la existencia de las normales rurales, donde los jóvenes provenientes del campo se forman como docentes.

La tradición de este tipo de escuelas es que se forman a personas críticas que buscan la transformación social a través de la educación, y es por ello que la mayoría se compromete a cambiar la realidad social de su entorno.

Los continuos ataques a los que han sido sometidos este tipo de escuelas y la violencia que han recibido desde antes, escaló a su grado más alto y develó el desprecio en contra de jóvenes que se incorporan a movimientos sociales.

Esto, para cualquier sociedad que se precie de ser democrática, resulta inaceptable a todas luces.

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