Sufren criminalización e impunidad en la frontera

Laura Rodríguez 

Santa, Rosario, Lilian, Rosa, Guadalupe y Lorenza son migrantes centroamericanas que fueron criminalizadas en la frontera sur de México.  

Mariana Zaragoza González, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, presentó en el ITESO el informe elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Australia Aid.

El informe Criminalización de mujeres migrantes, análisis de seis casos en la frontera sur documenta los casos de las seis mujeres que sufrieron vejaciones como ser detenidas sin informarles los motivos, ser torturadas sexualmente durante la detención, ser exhibidas antes de ser juzgadas, ser separadas de sus hijos o no contar con asistencia consular. 

Uno de los testimonios emblemáticos, dijo la académica, es el de doña Lilian, quien vive en Tecún Umán, en la frontera entre Guatemala y México, y se dedica a vender agua y comida a traileros en el paso fronterizo. 

"Ella tiene una sobrina que adoptó como suya y un día le pidió que fuera a México, a Ciudad Hidalgo, a hacer algunas compras, y nunca regresó. Cuando ella tuvo, por fin, información sobre su sobrina fue porque unas personas, traileros, le dijeron que la vieron en una casa de seguridad y que la estaban prostituyendo. Doña Lilian cruza a México, pide asesoría y le dicen que vaya a la Fiscalía de Atención al Migrante de Tapachula", contó Zaragoza González. 

"Va y mete una queja, diciendo que su sobrina estaba siendo detenida en ese lugar. Ella, personalmente, va y ve que su sobrina está ahí, no puede sacarla. Le piden que firme un documento para hacerle un cateo al lugar; ella firma, pero no sabe leer ni escribir. Entonces lo que hace es dejar su huella digital sin saber de qué documentos está hablando. Le dicen que a las dos semanas le van a llamar, cuando ya hayan hecho el cateo, para que vaya y recoja a su sobrina", relató.

Zaragoza prosiguió comentando que a las dos semanas le llamaron a doña Lilian, y "le piden que se presente en la fiscalía; cuando va, la detienen, le piden que otra vez firme, que ponga su huella digital en (una hoja) en blanco. Cuando la pone, la detienen, la golpean y lo siguiente es ella, en la prisión, detenida. Sus compañeras le explican que ha sido detenida por trata de personas, por haber tratado sexualmente, con fines de explotación sexual, a su sobrina", explicó. 

De acuerdo con la narración, doña Lilian iba acompañada de su hijo de ocho años, quien tuvo que regresarse a pie hasta Guatemala. No hubo cateo en el local, aunque a la sobrina sí la liberaron. La señora estuvo cinco años en la cárcel.  

La coordinadora del Prami de la Ibero explicó que las mujeres migrantes pudieron salir de la cárcel con estrategias como una huelga de hambre, con el apoyo de organizaciones o por medio de una mesa instalada por el Gobierno de Chiapas que otorga perdón político. Esto, dijo, hace más complicado seguir los procesos para exigir la reparación del daño.  

"Estas estrategias de afrontamiento les permitieron visibilizar su encarcelamiento injusto, porque al final ellas se organizaron, se acercaron al Prami cuando estaban en la cárcel, continuaron la comunicación y hasta el momento están organizadas, (por lo) que todas las mujeres se encuentran en libertad. El problema es que salieron a través de esta mesa, y cualquier forma de reparación de daño está cerrada, porque salieron a través de este indulto", agregó la académica de la Ibero.  

Zaragoza González comentó que las mujeres migrantes están estigmatizadas por haber estado en la cárcel, razón por la que enfrentan un reto para reconstruir su vida de una forma digna.  

Agregó que mientras el gobierno de Chiapas presume sus acciones en la lucha contra la trata de personas, detiene, sentencia a mujeres y no ha desarticulado ninguna red.  

De acuerdo con el informe, en 2015, cuando comenzó el proceso de documentación, había 96 mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social 4 Femenil de Tapachula. De ellas, 23 estaban acusadas del delito de trata de personas. Setenta por ciento provenía de Honduras, El Salvador y Guatemala.  

La coordinadora del Prami de la Ibero participó en las XXII Jornadas de Derecho del ITESO que tienen como tema central "Justicia y legalidad: desafíos del México actual", y que se llevan a cabo del 13 al 15 de noviembre. 

"En el título, las y los organizadores han optado por enfatizar, como un desafío de México, la permanente tensión entre justicia y legalidad. Compleja tensión en nuestros países, pues en América Latina, muy a menudo, la legalidad no es justa", señaló Luis Arraiga, SJ, rector del ITESO, en la inauguración de las jornadas.

"Desde esa experiencia (como litigante en el ámbito de los derechos humanos) conocí incontables casos en que ministerios públicos, jueces y abogados particulares reivindicaban ciegamente la legalidad, pero una legalidad vacía de contenidos y también de justicia. Y esto lo hacían para perjudicar, precisamente, a los más vulnerables", señaló.  

El Informe sobre la criminalización de mujeres migrantes se puede consultar o descargar desde http://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2018/01/MujeresMigrantes.pdf.