Agua y territorio

Nuestro propósito es trabajar por el reconocimiento, como derechos humanos, del agua, el territorio —y, dentro de este, a un medio ambiente natural y social saludable—. Creemos que eso implica la atención de distintos actores a todo el ciclo del agua, para que su disponibilidad, accesibilidad, y calidad y estén garantizadas para el consumo humano. También, del reconocimiento del territorio como un lugar donde las comunidades deciden cómo quieren vivir, sin presiones originadas por el capital, y en condiciones de mayor igualdad, para enfrentar las injusticias sociales y ambientales.

De acuerdo con el Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos de 2019 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en América Latina 25 millones de personas no tienen acceso al agua potable, y 89 millones carecen de un servicio básico de saneamiento. Las más vulnerables habitan zonas rurales y urbanas marginadas.

Varias circunstancias impiden el derecho al agua, a lo largo su ciclo. Conocemos algunas, a partir de la vinculación con colectivos, colonos y movimientos de Jalisco.

Una es la contaminación del agua y su impacto sobre la salud.

Según el "Programa Hídrico Estatal 2030", de los 125 municipios de la entidad, en 59 (casi la mitad) existe riesgo de contaminación por la disposición inadecuada de los desechos sólidos que se generan sobre todo en las ciudades. Además, 32 (uno de cada cuatro) tienen problemas de contaminación en los cuerpos de agua por la filtración de lixiviados —los líquidos venenosos que genera la basura si no se separa—, y 13 municipios están en la misma situación por la presencia de residuos peligrosos.

A esto se suma el escurrimiento intensivo de agroquímicos y el vertido de residuos tóxicos industriales a los ríos, arroyos, presas, y los desvíos de los torrentes, que afectan su capacidad de regeneración.

Mientras, las instituciones responsables de la gestión del agua olvidan el cuidado de las fuentes, y ponen énfasis en una infraestructura que es deficiente. Otra afectación la generan los millonarios del agua y los especuladores urbanos sobre las fuentes.

Por otra parte, el territorio se definió como un derecho colectivo en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es reconocido también por organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su ejercicio de resolución de disputas.

Este derecho promueve el respeto al vínculo que tienen los pueblos y las comunidades con su territorio. Para la Corte IDH, esa relación debe ser "reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras".

El Artículo 13 del Convenio 169 de la OIT obliga a los gobiernos a "respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos [posee] su relación con las tierras o territorios", sobre cuando se ocupan de manera colectiva.

En América Latina y en México, el derecho al territorio está presionado ante proyectos y actividades cuyo fin es la extracción, uso o aprovechamiento mediante el control, la apropiación, el acaparamiento, a costa de las relaciones naturales y sociales que lo configuran.

Los impactos de los proyectos extractivos se traducen en el despojo y el desplazamiento forzado de diversas especies, y en el deterioro, muchas veces irreversible, de la vida de las personas.

De acuerdo con la organización GlobalWitness, México destaca por ser uno de los países más peligrosos para los y las defensoras de la tierra y del medio ambiente. Las que lo han hecho han sido amenazadas y experimentado violaciones graves a su integridad física, mental y emocional.

Ante este panorama, las líneas de acción  de este y todos los programas del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia "Francisco Suárez, SJ" son el litigio estratégico y el apoyo al litigio; el fortalecimiento de capacidades en actores sociales; la incidencia en políticas públicas; el análisis, la investigación y la innovación en torno a los problemas que nos ocupan, así el acompañamiento integral a víctimas, en sus derechos a la verdad y la memoria, el acceso a la justicia, la reparación de daño y las garantías de no repetición.