Andrés Gallegos

En Jalisco desaparecieron durante 2019 más de 2 mil 100 personas, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), siendo el estado del país con más casos. Esto significa que seis personas al día pierden el contacto con sus familiares y amigos, con el dolor y sufrimiento que esto implica. A esto hay que añadir que uno por ciento de todas las denuncias por desaparición se resuelve. 

En el cierre del Foro de Reflexión y Propuestas sobre las Desapariciones de Personas en Jalisco, llevado a cabo en el Auditorio Pedro Arrupe, SJ, del ITESO, representantes del Poder Judicial, la academia y asociaciones civiles exhibieron las problemáticas y retos que existen en la localización, identificación y entrega de restos de los desaparecidos, así como algunas propuestas de solución.

"Cuando el delito no se investiga, no se castiga, y cuando no se castiga, se sigue cometiendo. En un país con un índice de impunidad superior a 90 por ciento se manda el mensaje de que se puede matar, secuestrar y desaparecer sin consecuencia alguna", advirtió Esperanza Chávez, vocera del colectivo Por Amor a Ellxs. 

Se coincidió en que el drama de las desapariciones en Jalisco y México debe movilizar a la sociedad en su conjunto, para hacerla más partícipe y menos desentendida de la gravedad del asunto e incidir mediante la presión a los sistemas judiciales y gobiernos.  

"Un porcentaje grandísimo de la sociedad mexicana no está interesado en el fenómeno, en los desaparecidos y en sus familiares", afirmó José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).

"Si no se visibiliza el fenómeno en términos políticos, no será un fenómeno visible y si no es visible, no será un fenómeno resoluble", sentenció.  

"Tenemos que repensar el tema desde lo humanitario", dijo Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). "Sesenta y un mil personas desaparecidas tienen que llamar a repensar como sociedad sobre qué es lo que no está funcionando. Apenas uno por ciento de las investigaciones en desaparición de personas avanza, y esos son los casos que se denuncian, porque hay una cifra negra de personas que no denuncian y no sabemos cuántas son".  

El IJCF está rebasado

De acuerdo con un reportaje de Darwin Franco, periodista y profesor del ITESO, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), entre 2006 y 2015, redujo a cenizas mil 559 cadáveres sin identificar con el aval de la fiscalía estatal para hacer espacio a otros cuerpos en sus atestados anfiteatros. Nunca se sabrá quiénes eran estas personas, nunca tendrán la posibilidad de ser identificadas por sus familiares y amigos. Y el IJCF sigue sin contar con presupuestos adecuados para alojar los cadáveres.  

María del Refugio "Cuca" Torres, vocera de Por Amor a Ellxs, expuso que el sistema forense de Jalisco tiene dos problemas: "no cuenta con la capacidad presupuestal, tecnológica y humana para realizar en tiempo y forma las pruebas periciales necesarias para identificar, lo que lleva a una insuficiencia en sus instalaciones para albergar con dignidad a las personas fallecidas sin identificar. Un segundo obstáculo es que no está coordinado con las fiscalías para generar hipótesis de identificación, para identificar a los cuerpos y regresarlos con sus familias". 

La crisis en el manejo de cadáveres en México invita a separar los servicios forenses de la fiscalía, propuso Karla Quintana, presidenta de la CNB. "Que estén en las fiscalías es un problema. En los países donde funcionan, estos son autónomos, como en Colombia. Además, un servicio forense no puede estar trabajando con los restos que llegan todos los días, como las personas que mueren en accidentes automovilísticos, y los restos de las fosas clandestinas. Hay que separarlos".  

Los sistemas de búsqueda no funcionan 

Para que el Poder Judicial trabaje en buscar a los desaparecidos, un requisito esencial es tener una plataforma que tenga los registros de las víctimas sin identificar de todo el país. Aunque la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas contempla un Sistema Nacional de Búsqueda, alimentado con la información del Gobierno federal y las fiscalías estatales, falta mucho por hacer al respecto.  

"Es inaceptable que el reciente informe de la Segob sólo tenga datos de tres estados de la república, ya es hora de que los gobiernos estatales de todo el país cumplan la obligación marcada por la ley", pidió Esperanza Chávez, de Por Amor A Ellxs.  

"No hay lugar para pretextos o disculpas, las familias hemos impulsado leyes, diseñado instituciones y hemos salido a las calles a buscar a los nuestros. El Estado mexicano y las entidades federativas tienen un pendiente con nosotros, mientras tengamos voz, se los vamos a seguir exigiendo", complementó Chávez. 

Aunque para este 2020, la CNB opera con 720 millones de pesos, falta consolidar las comisiones estatales y, sobre todo, otorgarle facultades para investigar los casos de desaparición y conformar un Sistema Nacional con información suficiente.   

"El Sistema Nacional de Búsqueda requiere una arquitectura jurídica muy bien pensada, quien está, qué órgano es, sobre quiénes mandan y cómo mandan", señaló José Ramón Cossío. "O hay sistema o será difícil generar una comprensión inicial del problema, más allá de su resolución".  

Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO, afirmó que existen tres elementos determinantes que definen el problema de las desapariciones en México: la falta de capacidad de investigación criminal de las fiscalías, unos servicios periciales rebasados y la falta de asistencia suficiente a las víctimas.  

Respecto al primer tema, Arriaga lo ligó a la falta de procuración de justicia ágil. "Se crean grandes instituciones y se cambian las leyes, pero no se atienden las deficiencias para acceder a una justicia pronta, gratuita y expedita, con las garantías de la constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos", explicó. 

En relación con la falta de condiciones forenses, esto ha provocado omisiones graves como lo sucedido en el reconocimiento de los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"En algunos casos, la falta de condiciones de independencia real para los peritos se traduce en identificaciones falsas para cerrar casos de alto impacto", recordó el ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).  

Arriaga recalcó que para las víctimas es muy difícil acceder a los fondos de asistencia para conseguir justicia, debido a los altos costos de una representación legal, los costos burocráticos y la difícil situación económica en la que viven muchas personas.  

Estudiantes del ITESO, llamados a transformar la realidad

Luis Arriaga enfatizó la responsabilidad que tienen los estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria del ITESO para actuar en torno al problema de las desapariciones en México.  

"Las universidades jesuitas están llamadas a ser centros auténticos de pensamiento crítico y propositivo", aseveró. "Esperamos que los estudiantes sean personas compasivas ante estas realidades, pero también comprometidas. Es decir, que la solidaridad se encarne en actos concretos. Hay una responsabilidad moral que debemos asumir a cabalidad".  

En este sentido, Karla Quintana señaló que "hace falta que la justicia actúe contra la barbarie, y que las nuevas generaciones de servidores públicos piensen y sientan de forma distinta".  

José Ramón Cossío, invitó a todas las carreras del ITESO a hacer visible el fenómeno de las desapariciones para que los alumnos sean conscientes y comuniquen esta realidad.