El silencio en los escenarios: la deuda cultural con la comunidad sorda en México

La inclusión en los eventos públicos culturales debería ser un reflejo de una sociedad que reconoce y respeta la diversidad humana. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que entre la ley y la práctica hay un largo camino. En el caso de México, existen marcos normativos y compromisos con la sociedad que obligan al Estado a garantizar accesibilidad y participación plena de las personas con discapacidad; sin embargo, la implementación sistemática en eventos culturales (ferias, conciertos, muestras de cine, foros y actividades comunitarias) aún presenta fallas importantes, especialmente cuando hablamos de discapacidad auditiva. En este blog analizo por qué muchos eventos públicos no son todavía realmente inclusivos, qué se requiere para avanzar y ejemplos concretos de medidas y vacíos institucionales que debemos atender.

Marco normativo: lo prometido en papel
México cuenta con instrumentos legales que reconocen derechos y obligaciones en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus reglamentos establecen principios de accesibilidad universal y diseño para la inclusión que deben permear las políticas públicas y la prestación de servicios. Además, el Estado mexicano está vinculado al Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que supone obligaciones internacionales para garantizar acceso a la vida cultural. Estas normas son la base para exigir que los eventos culturales públicos integren medidas razonables de accesibilidad.

¿Qué significa inclusión en un evento cultural?
La inclusión va mucho más allá de instalar rampas o sillas para personas con movilidad reducida. En el terreno cultural implica, por ejemplo: interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), subtítulos en tiempo real para conferencias y proyecciones cinematográficas, sistemas de bucle magnético o FM para usuarios de audífonos o implantes cocleares, audiodescripción para personas con discapacidad visual, espacios de atención y comunicación para acompañantes, y protocolos de difusión claros que informen sobre las adaptaciones disponibles.

Para las personas con discapacidad auditiva, en particular, subtítulos visibles y la disponibilidad de intérpretes en LSM son medidas centrales. El CONADIS reconoce y promueve el valor de la LSM como herramienta de inclusión en México.

La diferencia entre normatividad y prácticas en eventos gubernamentales 
A pesar de los marcos legales, informes de organismos nacionales de derechos humanos y análisis independientes muestran que la accesibilidad en espacios y eventos culturales públicos es parcial y a menudo poco pedida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado que muchas dependencias y personajes públicos no cumplen con los estándares de accesibilidad, y que la consulta y participación de organizaciones de personas con discapacidad suelen ser insuficientes en el diseño de políticas y programas. En la práctica, esto se traduce en eventos sin intérpretes, proyecciones sin subtítulos adecuados o ausencia de información accesible en la difusión previa.

El acceso a contenidos audiovisuales es un gran ejemplo: si un festival o una exhibición de cine no incluye subtítulos, subtitulaje para sordos y audiodescripción para ciegos, está excluyendo a una gran parte del público con discapacidad sensorial. Recientemente han surgido iniciativas y debates legislativos para ampliar y clarificar la obligación de ofrecer subtítulos y audiodescripción en exhibiciones y medios; sin embargo, la norma práctica aún presenta vacíos, por ejemplo, la obligatoriedad y los plazos para su implementación no son homogéneos en todo el país. Esto evidencia que la inclusión en cultura requiere tanto marcos legales como lineamientos operativos y recursos monetarios.

Otro aspecto crítico es el lenguaje y la perspectiva desde la cual se diseñan los eventos. La comunidad sorda y las personas con discapacidad auditiva han señalado que algunos términos y enfoques resultan estigmatizantes o paternalistas. La inclusión auténtica implica consultar y co-crear con las comunidades a las que se busca servir, no solo implementar acciones “para” ellas, sino “con” ellas, y reconocer la Lengua de Señas Mexicana como forma legítima de comunicación y cultura. Sin participación efectiva de estas comunidades, muchas medidas serán siempre insuficientes.

Obstáculos operativos y presupuestales
Implementar intérpretes, equipos técnicos de accesibilidad o servicios de subtitulado en vivo requiere recursos y capacitación. En contextos de austeridad o de mala planeación, las áreas encargadas de cultura pueden priorizar otras rubros y dejar de lado la accesibilidad. Además, la falta de estándares técnicos claros complica la contratación y supervisión de estos servicios. Aquí es donde políticas públicas con presupuestos etiquetados y mecanismos de rendición de cuentas
marcan la diferencia. Organismos de derechos humanos han recomendado precisamente fortalecer dichos mecanismos.

Buenas prácticas y líneas de acción urgentes
Existen ejemplos internacionales y locales de buenas prácticas que pueden adaptarse: exigir la previsión de accesibilidad en convocatorias y contratos públicos, como incluir intérpretes y subtítulos como partidas obligatorias, crear catálogos de proveedores certificados, capacitar a personal de atención y programación cultural en accesibilidad sensorial, y realizar consulta permanente con colectivos sordos. Además, la política pública debe medir impacto: porcentaje de eventos con servicios accesibles, satisfacción de usuarios, y sanciones o incentivos claros. Las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades pueden colaborar para generar guías técnicas sencillas de aplicar en festivales y centros culturales.

La infraestructura legal para la inclusión cultural en México existe en gran medida; ahora hace falta voluntad operativa, recursos y cultura institucional para que los eventos públicos dejen de ser espacios de acceso parcial y se conviertan en escenarios de participación plena. La verdadera inclusión no es un adorno de imagen pública, es el cumplimiento de derechos que dignifican a las personas y enriquecen la cultura de todo el país. México tiene la base normativa y la experticia humana para avanzar; el reto es transformar el marco jurídico en experiencias culturales reales y accesibles para todas las personas.