La desaparición en contextos de movilidad es una crisis invisible

Ximena Torres 

El 21 de diciembre de 2024, 40 personas migrantes desaparecieron en San José El Hueyate, Chiapas, cuando se trasladaban en lancha hacia la costa de Oaxaca. La búsqueda de esos hombres, mujeres y jóvenes provenientes de países centroamericanos y del Caribe implicará —además de los estigmas y obstáculos institucionales que parecen casi inherentes a la desaparición en México— una complicación ligada a su condición de movilidad: la de ser fantasmas en un territorio que los desconoce.  

“¿Cómo se logra acreditar que la persona estuvo en el país? ¿Bajo qué estatus entró? ¿Cuál es su nombre?”, pregunta Luis Enrique González-Araiza, director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia (CUDJ) Francisco Suárez, SJ, del ITESO, para ejemplificar los vacíos de información que ni las autoridades mexicanas ni los consulados tienen la voluntad de llenar para iniciar una investigación que los regrese con vida. Esa es la realidad a la que se enfrentan familias cuando la movilidad humana se entrecruza con el delito de la desaparición.  

Este fue el tema que se abordó en el panel organizado de manera conjunta por el ITESO y la Ibero León el pasado 7 de abril. La actividad se llevó a cabo en el marco de las jornadas “Voces buscadoras. Movilidad y desaparición: una crisis invisible”.  

Además, hay una investigación interinstitucional, que tiene el mismo nombre de las jornadas, en la que participan sociólogos, historiadores, psicólogos, educadores y politólogos de todos los centros de formación del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) desde finales de 2024. El trabajo se desarrolla a través de la documentación de casos específicos de personas migrantes cuya localización es desconocida y bajo tres dimensiones: la teórica conceptual, la del acceso a la justicia y la psicosocioemocional. 

La intersección de dos problemáticas regionales 

Adriana González Arias, coordinadora de la investigación y de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, explicó que, en lugar de migración, eligieron el concepto de movilidad humana en respuesta a las realidades con las que se han encontrado en su trabajo de campo.  

“Este enfoque nos permite analizar el movimiento de personas y poblaciones sin considerarlo como una cosa anómala y sin enmarcar a las personas en categorías jurídicas específicas. [...] En ese sentido la movilidad humana se aborda desde diferentes perspectivas, como es la geografía humana, la gestión migratoria y los derechos humanos”, dijo la académica.  

González-Araiza y Sofía Meza Mejía, coordinadora de la Licenciatura en Relacionales Internacionales del ITESO, dieron contexto del segundo tema que atañía al panel, el de la desaparición. Este delito de lesa humanidad debe entenderse como una problemática regional en Latinoamérica desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando los regímenes militares destituyeron democracias constituidas en países como Brasil, Chile y Argentina, explicó el director del CUDJ.  

En México, la desaparición como una crisis sistemática data de los años setenta, durante la Guerra Sucia o de Contrainsurgencia. Entonces, entre mil y dos mil personas fueron desaparecidas por razones políticas. Estos acontecimientos luego provocaron la creación de conmemoraciones como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto) e instrumentos jurídicos como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.  

“El andamiaje jurídico (para atender las desapariciones) ya existe. Falta que se haga jurídico”, dijo González-Araiza cuando sus colegas expusieron las estadísticas que ofrecen un “piso mínimo” para entender la magnitud de la crisis.  

Hasta enero de 2026 el registro nacional de personas desaparecidas daba cuenta de casi 132 mil personas desaparecidas en México. De entre ellas 437 son migrantes. En Jalisco, el total es más de 16 mil casos, solo seis son referentes a contextos de migración. Nuestra entidad, además de ser la que acumula más casos pendientes en todo el país, reporta un menor porcentaje de localizaciones con vida y el componente migrante aparece con más opacidad y peor localización, explicó la académica Meza Mejía. 

Las bajas estadísticas de personas en contextos de movilidad se explican con los vacíos de información sobre su identidad, pero también con la desconexión entre el tema y fenómenos como las muertes en el desierto de Sonora o el Río Bravo, así como el tráfico de personas con fines sexuales en zonas turísticas como Puerto Vallarta.  

Ante cualquiera de esos casos, los familiares de las víctimas se enfrentan a un desplazamiento forzado para llevar a cabo la búsqueda de su ser querido, aun cuando no existe una figura jurídica que permita su estancia en el país extranjero y las proteja. Esta denuncia la hizo Azul Serratos Orozco, integrante del Programa de Estudios sobre Migración de la Ibero León. “¿Qué pasa con todas las familias que llegan a un territorio nuevo, en donde no conocen el sistema de justicia, a un territorio en el que les da terror, con justa razón, moverse, preguntar, acercarse a las autoridades?”, dijo durante el panel. 

Sumarse y visibilizar desde la universidad 

Cuando llegó el momento de preguntarse por la relevancia de abordar esta crisis en la comunidad del SUJ, Meza recordó que es responsabilidad de las universidades “visibilizar esto que se trata de invisibilizar a través de las estadísticas, de las leyes; documentar críticamente y conectar estas piezas que parece que están dispersas”.  

Un método ideal para pasar a la acción es, en primer lugar, conocer lo que las personas fuera de las universidades están haciendo, para luego sumarse a esos procesos desde las posibilidades de cada disciplina, recomendó González Arias.  

Entre las herramientas y los proyectos que se han gestado de esa manera en el ITESO están el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Migración en Jalisco, las asignaturas propuestas por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami), algunas actividades del Centro Universitario Ignaciano (CUI) y la guía ¿Qué hacer ante la desaparición de una persona? del CUDJ.