Desafíos 21-24: la agenda impostergable

Foros con candidatas y candidatos a puestos de elección popular

Diagnósticos

Introducción

El ITESO, como universidad confiada a la Compañía de Jesús, es un proyecto educativo y social. En este sentido, nuestra universidad, además de estar dedicada a la investigación y la docencia, cuenta entre sus funciones básicas ser un actor y un espacio que pone sus conocimientos, metodologías y recursos al servicio de la comunidad y del país.

Rumbo al proceso electoral de 2021, el ITESO, como actor social interesado en los asuntos prioritarios de la región y del país, creará un espacio de reflexión, diálogo y encuentro para pensar y debatir los temas de interés público más relevantes.

A continuación se presenta una síntesis con 10 problemas de la región que demandan un abordaje impostergable, y que serán materia de diálogo con los actores participantes en la contienda electoral. Para cada tema se desarrolló un diagnóstico inicial por parte de académicas y académicos de la universidad, que también contempló las principales preocupaciones ciudadanas de cara al actual proceso electoral.

Durante más de una década México ha vivido una crisis en materia de derechos humanos caracterizada por la violencia, el aumento en la trata y desapariciones de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencias de género, ataques a personas migrantes, defensoras de derechos humanos, periodistas, niños, niñas y adolescentes¹. A esa crisis se suman las restricciones a la libertad de información y expresión, así como la profunda discriminación hacia distintos sectores de población, entre los que se encuentran los pueblos indígenas y afromexicanos, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ, personas adultas mayores, personas en movilidad, personas viviendo con VIH (Conapred, 2017) y, de manera reciente, el personal sanitario (Naciones Unidas, 2020; Amnistía Internacional, 2020; Gobierno de Jalisco, s/f).

La problemática se agrava con el despojo de territorios, la pobreza, la fragilidad democrática y el calentamiento global. Más aún, la Covid-19 19 ha aumentado la precarización de derechos económicos, sociales y culturales (Naciones Unidas, 2020) como la salud, alimentación, agua y saneamiento, vivienda, trabajo, cultura, recreación y esparcimiento, entre otros. Las consecuencias no se han hecho esperar: casi nueve millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes dejaron la escuela a causa del Covid-19 o la pobreza (INEGI, 2020) y la violencia familiar aumentó de manera preocupante (Pie de página, 2021).

Las problemáticas descritas son aplicables a Jalisco, que en 2020 fue el estado con mayor número de personas desaparecidas y fosas encontradas (CNB, 2021) y que en los últimos meses ha mostrado importantes episodios de violencia, como el caso de la ejecución extrajudicial de Giovanni López en mayo de 2020, las violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones públicas de junio pasado, el reconocimiento expreso del gobernador Enrique Alfaro sobre la infiltración de la delincuencia organizada en la Fiscalía estatal y las muertes en algunos asilos y albergues.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió 190 recomendaciones en 2020, varias vinculadas con el fortalecimiento institucional de las policías, servicios forenses, dependencias de seguridad y otras instituciones encargadas de respetar y garantizar los derechos humanos.

La falta de coordinación entre dependencias de los tres niveles de gobierno (v.g. en seguridad, vacunación o en las problemáticas que aquejan a la infancia), la ineficacia de esfuerzos coordinados (como la policía metropolitana o la alerta de violencia de género), el subregistro en las denuncias (o "cifra negra")², la nula judicialización de los casos, la contradicción o escasa información aportada por las autoridades para hacer frente a distintas problemáticas (como la inseguridad, las vacunas y la escasez del agua) y la politización de distintos temas de derechos humanos en el estado de Jalisco y contra la federación (como la pandemia, el pacto fiscal o las responsabilidades en la crisis de junio), dificultan la implementación de políticas eficaces de prevención y erradicación de violaciones de derechos humanos.

La corrupción que subyace en varias de las violaciones de derechos humanos, así como la impunidad que deviene a las mismas contribuyen a la repetición de violaciones de derechos humanos y al descrédito de las instituciones, algunas de las cuales operan sin contar con los suficientes recursos materiales y humanos o sin un marco legal adecuado como sucede con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Jalisco, cuya reforma legal fue presentada al Congreso del Estado desde octubre de 2019 por el gobernador Alfaro.

Finalmente, persisten retos de cumplimiento de las leyes de desaparición y declaración especial de ausencia, aun cuando la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011 debería haber inspirado una rápida adecuación de los marcos normativos.

A pesar de que Jalisco se ha posicionado en los últimos años como el "gigante agroalimentario" de México, todavía para el año 2018 alrededor de 30% de su población (2 millones 479 mil personas) se encontraba con inseguridad alimentaria, y 8.3% (685 mil 600) contaba con un ingreso insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. Esto ilustra cómo la situación actual del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) en el estado aún se enfrenta a retos muy importantes.

En el estado hay problemas para la alimentación como la persistencia de la pobreza extrema y la pobreza por la falta de acceso al alimento, a lo que paradójicamente se suman otros relacionados con la alimentación, como el sobrepeso, la obesidad y la mortalidad asociada a la diabetes mellitus tipo 2. Tanto en localidades rurales y urbanas es posible observar algunas de las situaciones detrás de tales problemas, como el avance de la industrialización en la producción de alimentos, la proliferación de monocultivos, la disminución en la diversidad de alimentos y los cambios en las prácticas de consumo de alimentos que privilegian a los ultraprocesados, entre otros.

En Jalisco, todavía para 2018, alrededor de 2 millones 479 mil personas se encontraban con inseguridad alimentaria y 685 mil 600 personas contaban con un ingreso insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria (Coneval, 2018a). Tales cantidades representan poco más de 30% y 8.3%, respectivamente, del total de habitantes en la entidad. Estas cifras, sorprendentemente, contrastan con que el estado se ha posicionado, últimamente, como el principal productor agropecuario del país al aportar 11.23% del producto interno bruto agropecuario, por lo que a Jalisco se le conoce ahora como el "gigante agroalimentario" de México (Semadet Jalisco, 2019).

Estas situaciones tienen como antecedente distintos procesos que se pueden apreciar plenamente al acudir a las comunidades del campo jalisciense. En ellas se observa cómo los productores locales, con sus modos de producción agroecológicos, han ido perdiendo terreno ante las formas industrializadas de producción masiva de alimentos, lo que ha llevado a la proliferación de monocultivos y de semillas de patente, así como a la precarización de las condiciones de trabajo de las y los campesinos. A esto se añade, como ya se advirtió, que cada vez más se pierde la diversidad alimentaria y se modifican las prácticas de selección y consumo de alimentos de las personas, en las que han ganado espacio los productos ultraprocesados. Todo ello dificulta la garantía del DHAA en el estado.

La inseguridad y la violencia en México, extendidas desde la década de los 80, se ha intensificado desde 2006 con la estrategia federal de "guerra contra las drogas". Para 2018, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se presumía que habría un cambio de enfoque hacia la pacificación y reconciliación y, a través del combate a la corrupción y el retorno de los militares a sus cuarteles, el fin de un periodo de doce años de lucha militarizada contra el crimen organizado (International Crisis Group, 2018). Sin embargo, la apuesta no cambió; las fuerzas armadas continúan con labores de prevención y persecución del crimen y, ante el incremento de las violaciones graves a los derechos humanos, se mantiene el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros órganos internacionales en la materia sobre la necesidad de separar la función policial de la misión militar (García, p. 177-178).

En Jalisco se reportan índices de violencia criminal e inseguridad poco cambiantes, con disminuciones moderadas y repentinas alzas, y con alarmantes dispersiones territoriales (particularmente en los Altos de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara). Resulta crítico hacer un análisis territorial y de patrones para revisar la estrategia de atención a las complejas condiciones de inseguridad en el estado. Si bien la incidencia delictiva ha disminuido en 15% durante ese periodo (2012 a 2019³), la tasa de delitos por 100 mil habitantes en Jalisco se ha mantenido por encima de la tasa a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI , en 2020 Guadalajara fue el municipio con la percepción de inseguridad más alta (83.3%), seguido de Tonalá (78.9%), Tlajomulco y Tlaquepaque (70.3% y 70.9%, respectivamente); lo cual contrasta con un promedio nacional de 68.1%. Además, en los últimos meses se ha presentado un alza en la conflictividad y una suma de sucesos violentos⁴.

Finalmente, el estado enfrenta una debilidad institucional en materia de justicia principalmente por la falta de agilidad en la atención de crímenes y el acompañamiento de víctimas, la actuación de ministerios públicos, la integración del poder judicial y la falta de autonomía de los órganos de justicia; corrupción, incapacidad y omisión institucional generan altos niveles de impunidad, profundizan la falta de confianza y el temor de la ciudadanía⁵.

Entre los retos en la materia para el 2021 destacamos:

• Persistencia y agudización de los conflictos entre organizaciones criminales y sus consecuencias en la seguridad pública (sobre todo, asesinatos y desapariciones), particularmente en zonas fronterizas y entidades como Sonora, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos.
• Riesgo de incremento en la violencia en el contexto de los procesos electorales, particularmente a nivel estatal y municipal.
• Imparable violencia contra la mujer, en sus distintas manifestaciones; la tasa anual a nivel nacional de feminicidios por 100 mil mujeres ha aumentado 114% de 2015 a 2020, alcanzando el último año y pese a la pandemia los 969 casos, la mayor cifra desde que se tiene registro de este delito (Causa Común, 2021).
• Profunda y generalizada debilidad institucional (particularmente de las policías, las fiscalías y los servicios periciales), conflictos entre las fuerzas de seguridad y justicia por atribuciones, capacidades técnicas y humanas limitadas, presupuesto insuficiente.
• La falta de armonización de funciones, poca transparencia en la designación de mandos (fiscalías, magistrados), y tensiones y falta de coordinación entre los niveles federal, estatal y local, que contribuye a acrecentar las condiciones de impunidad.

Atravesamos una época en la que el derecho a la información, la transparencia y la libertad de expresión se han convertido en valores fundamentales para la democracia y el impulso de sociedades más justas y equitativas. En un país en el que, desde la sociedad y los movimientos sociales, a través de los años, se impulsaron importantes cambios que dieron paso a organismos e instituciones autónomas que pudieran velar por los principios y valores democráticos, resulta crucial garantizar, fortalecer y mejorar todos los aspectos vinculados con el derecho a la información y la libertad de expresión.

Derecho a la Información

El derecho a la información es uno de los pilares de cualquier democracia contemporánea. Este derecho, que es parte del amplio repertorio de los derechos humanos, busca garantizar que las personas puedan tener una libertad de opinión y expresión, así como el derecho a buscar, recibir e impartir información. Todos estos elementos están expresados en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que textualmente señala que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."

En México, durante los últimos treinta años, se han dado grandes pasos para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En materia de transparencia y rendición de cuentas se aprobaron leyes federales y estatales que tutelan este derecho y en materia de radiodifusión y telecomunicaciones hubo grandes reformas que ayudaron a desconcentrar las industrias que dominan estos sectores. Sin embargo, el derecho a la información está lejos de ser tutelado plenamente por el Estado mexicano y al mismo tiempo se han dado retrocesos importantes en este campo. Por ello, en esta agenda se propone no desandar en los procesos institucionales y legales que hemos ganado y, por otro, avanzar en todos aquellos elementos pendientes que requieren atención de los tres poderes del Estado y todos los órdenes de gobierno.

Libertad de expresión

La libertad de expresión es reconocida como un derecho humano a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19. En el caso de México, este derecho está garantizado por el artículo 6° de la Constitución. Se trata pues de un derecho que es además fundamental para las democracias y para el fortalecimiento de la sociedad.

Sabemos, sin embargo, que en el caso mexicano la libertad de expresión ha estado en riesgo y es continuamente amenazada por diversos actores políticos, desde el gobierno en sus diferentes escalas: federal, estatal y municipal, hasta el crimen organizado que ejerce un control férreo sobre los flujos de información y amedrenta a periodistas y medios de comunicación.

El Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (Casede) ha desarrollado una metodología para generar un índice de libertad de expresión por entidad federativa (Casede, 2021). En clave de los desafíos para una gobernabilidad con los derechos como eje de gestión, resultan centrales los tres criterios (que luego descompone en once indicadores, como se puede consultar en el informe) que propone el colectivo:

1. Marco legal de la defensa de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
2. Pluralismo en los medios de comunicación.
3. Seguridad de periodistas y personas defensoras.

A estos puntos habría que añadir dos cuestiones más, hoy sustantivas:

4. Fiscalización y transparencia en los gastos de publicidad oficial y de partidos políticos, para evitar el uso de recursos en campañas orquestadas de descrédito y estigmatización en redes sociales.
5. Convocar a un amplio debate nacional y plural en torno a la moderación de contenidos en las plataformas sociodigitales.

La política de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara y otras ciudades del estado de Jalisco se había basado principalmente en el uso del automóvil particular. Se apostó por la construcción de proyectos de infraestructura que privilegiaron el uso de este tipo de movilidad (automóvil privado), en detrimento de otras opciones, como el transporte público, la bicicleta y la movilidad peatonal. Esta dinámica trajo como consecuencia diversos problemas ambientales, sociales, económicos, de salud, de planeación y de desigualdad en el uso del espacio público y el ejercicio del derecho a la ciudad.

Las externalidades de la movilidad motorizada han ido en aumento: contaminación del aire y contaminación auditiva, pérdida del acceso y disfrute de espacios públicos debido a la construcción de infraestructura que privilegia el automóvil y monopoliza las calles para su circulación, congestión y siniestros viales, así como fallecimientos a causa de vehículos motorizados; en síntesis, la pérdida de calidad de vida de quienes vivimos en la ciudad.

En los últimos años algunos gobiernos municipales y el estatal invirtieron y han cambiado la política pública de la movilidad. Se ha impulsado la transición del modelo de transporte público (de hombre - camión a ruta empresa), se han construido ciclovías, se ha invertido en la mejora de los espacios peatonales como cruces y banquetas, y se han eliminado puentes peatonales que no cumplen con los criterios de accesibilidad universal. Se iniciaron proyectos de educación vial en los municipios de Guadalajara y Zapopan asociados al programa de Banquetas Libres. Y en el Congreso de Jalisco, en 2016, se aprobó una ley de movilidad que se ha ido reformando de acuerdo con las necesidades y problemáticas de movilidad en el estado.

Los principios de la movilidad

Sostenibilidad
El sistema de movilidad debe disminuir el impacto negativo del transporte en las personas y su entorno, así como considerar la planeación a largo plazo, la eficiencia, la optimización de recursos y la protección del medioambiente.

Equidad e inclusión
Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la movilidad en condiciones de igualdad, evitando la discriminación, segregación o marginación de las poblaciones vulnerables. Generar condiciones para reducir el acoso y fomentar la equidad de género.

Violencia en contra de las mujeres
De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitido periódicamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) con información oficial de las entidades federativas, entre enero y febrero del año en curso se abrieron ocho carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Los municipios con mayor incidencia son los de la ZMG, seguidos de Tomatlán. Sin embargo, en el mismo periodo encontramos 33 carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos contra mujeres, que no fueron clasificados como feminicidios, lo cual hace dudar de que las autoridades estén cumpliendo con los protocolos que las obligan a investigar con perspectiva de género, pues excepto en casos fortuitos, los asesinatos dolosos de mujeres suelen cumplir con el tipo penal de feminicidio. El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) señala que, al 28 de febrero de este año, existe un total de 1183 carpetas de investigación abiertas por desaparición de mujeres en el estado.

En el reporte del SNSP arriba mencionado, se asienta que se abrieron 526 carpetas de investigación por lesiones dolosas, 67 carpetas de investigación por violación sexual, 10 carpetas por corrupción de menores y 4 por el delito de trata desde el inicio de 2021.

En cuanto a las llamadas al 911, las cuales no son denuncias formales pero representan incidentes de posible emergencia, en el mismo periodo en Jalisco hubo 2 mil 227 llamadas por violencia de género, 81 por acoso u hostigamiento sexual, 36 por abuso sexual, 37 por violación, y 4 mil 087 por violencia ejercida por una pareja (este dato no está desagregado por sexo, es decir que la persona que llama puede ser indistintamente un hombre o una mujer) y 5 mil 616 por violencia familiar (tampoco desagregadas por sexo).

Embarazo adolescente
De enero a julio de 2020 se registraron 9 mil 909 partos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. En el año 2019 la cifra se elevó a un total de 21 mil 27, de acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) sobre cifras de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Participación política de las mujeres
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) elaboró en octubre de 2018 el "Estudio sobre la participación de las mujeres en la política formal en Jalisco", con propósito de las elecciones locales, según el cual 54% considera que ha sido discriminada por ser mujer en el ámbito en el que se desempeña, mientras que 65% de ellas manifestó haber vivido alguna o varias de estas situaciones en el ejercicio de sus funciones: excluir a mujeres de los espacios de toma de decisión, imponerles tareas ajenas al cargo, acciones para intimidarlas, insultos y ofensas. En 34% de los casos la o el agresor es una autoridad en su institución.

Las bases de los procesos físico-químicos que sustentan la vida yacen en lo que denominamos ecosistemas, y los flujos de materiales y energía posibilitan -a la vez que constituyen- los ciclos bioquímicos y biofísicos que resultan en los servicios ambientales, la biodiversidad y, en particular, la existencia de la vida humana.

El paradigma civilizatorio dominante -primordialmente capitalista, dependiente del petróleo y de carácter industrial- ha venido a trastrocar los ecosistemas, los intercambios de energía y materiales y, en general, las condiciones que permiten la vida sobre el planeta.

En Jalisco lo anterior no es diferente. Lejos de implementarse políticas de desarrollo sustentable, de anular los impactos socioambientales y de implementar una urbanización sostenible, los funcionarios públicos de administraciones pasadas y actuales han sido -por lo menos- omisos y tímidos en proponer, comprometerse e impulsar políticas públicas -radicales- que vayan a la raíz de la encrucijada ecológica actual.

El modelo industrial de apropiación del medio ambiente se encuentra orientado a su mercantilización y explotación, lo que resulta en afectaciones ecológicas y sociales con diversas manifestaciones cuyos costes no son internalizados en las contabilidades nacionales ni empresariales ni en la conformación de los precios de las mercancías; no obstante, entre los impactos socioambientales destacan:

• Impactos ambientales: degradación de suelos fértiles, consumo excesivo y contaminación del agua, pérdida de la agrobiodiversidad, generación de gases de efecto invernadero, degradación de ecosistemas, impactos en el cambio climático.
• Impactos sociales: aumento de inseguridad alimentaria, encarecimiento de los alimentos con alta calidad nutricional, escasez de agua y aire limpios, desigualdad en el acceso a recursos, aumento de enfermedades zoonóticas.

Con todo, los conflictos socioambientales -resultantes de megaproyectos, de procesos de despojo territorial o de inequidades ecológico-distributivas en Jalisco- se encuentran o en el abandono o en la negación por parte de autoridades de diversos niveles, particularmente por parte de gobiernos locales.

Así, nos hacemos algunas preguntas sobre cómo candidatos(as) y partidos políticos se están planteando resolver tales problemas medioambientales, socioecológicos y antropogénicos como una responsabilidad ineludible y que no puede esperar respuestas paliativas, puntuales o aparentes, como ha sido hasta el momento.

El contexto actual se caracteriza por:

• Poblaciones en movilidad cada vez más diversas en su composición y causas que motivan su proceso migratorio, que enfrentan mayor complejidad y riesgos en los trayectos migratorios por el cierre de fronteras, los operativos de control migratorio y la falta de atención en una ruta cada vez más insegura.
• Recrudecimiento de las desigualdades y condiciones de marginación por la pandemia a lo largo de su proceso migratorio, dejándoles incluso en situación de calle y sin acceso a derechos básicos.
• En México, lugares de (re)asentamiento de diversos flujos migratorios que requieren de la acción pública para el ejercicio de sus derechos al permanecer de manera temporal o permanente en Jalisco.
• Sociedad Civil dando respuesta, con mayores limitaciones y dificultades, por cuestiones sanitarias, reducción del personal voluntario, tiempo de estancias mayores y necesidades de acompañamiento jurídico y psicológico, y con disminución de apoyos económicos.

La respuesta del gobierno mexicano a la problemática migratoria en el país ha sido a partir de:

• Un enfoque de seguridad nacional y control migratorio, con ausencia de estrategias y políticas para la reinserción e integración, y desconocimiento de los/as funcionarias del tema y de los derechos de las personas en movilidad, que obstaculiza el acceso a derechos en todos los niveles de gobierno.
• Difícil interlocución con los actores gubernamentales, debilitamiento de las instituciones por situaciones de crisis (terremoto de 2018 y pandemia 20-21) y reducción de presupuesto. En los diferentes niveles no hay espacio de coordinación interinstitucional ni intersectorial.
• Presencia de organismos internacionales en Jalisco (ACNUR, OIM) que trabajan ante una invisibilidad del tema en el gobierno del estado y el legislativo, aun cuando garantizar los derechos de las personas en movilidad no es sólo competencia de la esfera federal, en lo que respecta a su acceso a través de servicios públicos y la falta de continuidad en los procesos de atención.

Por ello es necesaria la adecuación de marcos normativos y de políticas públicas a los nuevos contextos de movilidad. Se requiere la transversalización del tema migratorio articulando los diversos niveles de gobierno; atenderlo con una visión integral y que responda a la complejidad de los contextos y procesos migratorios de los diversos flujos y poblaciones, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y etaria. En síntesis, atenderlo desde la legislación, políticas, instituciones y asignación de presupuesto.

Los índices de pobreza y desigualdades estructurales en América Latina siempre han golpeado de mayor manera a ciertos sectores de la población estrechamente ligados con los grupos en situación de vulnerabilidad, como habitantes de zonas rurales, las infancias, grupos originarios, mujeres y quienes no han tenido acceso a la educación; sin embargo, este impacto se ha acentuado y puesto en evidencia frente a la pandemia.

Según el informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2020), los efectos del covid han llevado a los más altos índices de pobreza en los últimos 20 años y con ello, las brechas de desigualdad. Un ejemplo es la empleabilidad y el ingreso, afectando principalmente a las mujeres; este impacto ha ido en aumento e implicará una serie de acciones emergentes que mitiguen esta tendencia, ya que, según el informe, en el 2020 la tasa de pobreza extrema alcanzó 12.5% y la tasa de pobreza 33.7% de la población, es decir, el total de personas en pobreza ascendió a 209 millones.

En el contexto nacional, las cifras no son más alentadoras, pues en el informe más reciente del Coneval se presupone una caída del ingreso de un 5%, esto significa que entre 8.9 y 9.8 millones de personas no lograrán el ingreso para adquirir una canasta alimentaria y se prevé un aumento en la tasa de desempleo de entre 3.3% y 5.3% en el 2020.

La pandemia mostró las carencias en infraestructura y en recursos materiales y humanos del sistema de salud, además de poner en evidencia la desigualdad de acceso a los servicios de salud de las poblaciones más vulnerables, por lo que se contempla una posible reducción del 25% en la cobertura de servicios de salud, lo que podría implicar un aumento importante en la tasa de mortalidad infantil (y, por tanto, en la esperanza de vida al nacer), la cual alcanzaría niveles observados en 2013. Por otra parte, se estima que los efectos en la dimensión de ingreso serán los más importantes, pues es altamente probable que mexicanos y mexicanas caigan en situación de pobreza por ingresos. En el análisis hipotético, se especifica que un posible efecto de la Covid-19 en la economía mexicana sería una caída de 8.55% en el Ingreso Nacional Bruto (INB) a partir de las probabilidades de comportamiento en la recuperación económica. Bajo este escenario, se estaría en niveles similares del INB de 2011, es decir, una pérdida de nueve años de progreso en términos del índice de ingresos. Si bien no hay certeza en el nivel de retroceso del índice de educación, una estimación hipotética permite identificar que una disminución en los años esperados de escolaridad de las y los mexicanos sería equivalente a regresar a los niveles de 2015. Un retroceso a los niveles de ese entonces implicaría que los años esperados de la escolaridad de las y los estudiantes se reduzcan en 0.6 años, considerando la última medición en 2018. Finalmente, dado que las mujeres están más expuestas a situaciones de vulnerabilidad y discriminación agudizadas por la misma crisis, podrían enfrentarse a la informalidad, el trabajo no remunerado, las tareas preasignadas del cuidado por cuestiones de rol de género, la violencia, entre otras.

Concretamente en nuestro estado, de acuerdo con los datos del Monitoreo de Indicadores de Desarrollo (Mide) de 2016, en Jalisco se registran cuatro de los municipios con mayor índice de población analfabeta: Mezquitic con 24.9%, Bolaños con 16.9%, Huejuquilla el Alto con 10% y Cuautitlán de García Barragán con 13.1%. En cuanto a los indicadores de pobreza extrema con base en el Índice de Privación Social, no es de extrañarnos que en estas mismas regiones y municipios se registren los más altos índices de pobreza extrema, en este caso, Mezquitic en primer lugar con 40.6% de la población.

Son imperantes las acciones y estrategias que mitiguen las desigualdades en todos los niveles; se requiere de una colaboración entre el sector público y privado, la colaboración de la sociedad civil y el establecimiento de políticas públicas que transiten hacia un contexto de mayor equidad. El reto es mayor, el fenómeno es global y nuestro país está fuertemente impactado por un tejido social sumamente desarticulado y con estructuras de gobierno con muy poca solvencia moral y confiabilidad.

En diciembre del año pasado, el INEGI anunció que la prevalencia de corrupción mantiene un ritmo creciente desde 2013, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes. Es decir, hay más corrupción que antes de acuerdo con datos objetivos obtenidos de encuestas a víctimas de este fenómeno. No es gratuito que México mantenga el último lugar —indisputado históricamente— de los 37 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este tema es estratégico ya que de acuerdo con diversos estudios académicos la corrupción es el origen de múltiples desigualdades y violaciones a los derechos humanos. Entre otras afectaciones destacan tres: a) extorsiones como condición de acceso a los derechos, b) pago de sobornos para eludir prohibiciones y regulaciones, y c) procesos de captura estatal que distorsionan el diseño de las políticas públicas generando la privatización de lo público. La corrupción arropada de impunidad ha estado detrás de casos lamentables en nuestro país como Ayotzinapa, Aguas Blancas o en Jalisco recientemente la represión de jóvenes los pasados 4, 5 y 6 de junio de 2020.

Situados ya en el ámbito local, es muy significativo que en Jalisco tengamos identificados problemas de corrupción y además alternativas claras de solución y, sin embargo, tales soluciones no se implementen. Por ejemplo, la "fórmula de cuotas y cuates" sigue siendo recurrente en nombramientos de cargos de alto nivel, como fue más que evidente en el Consejo de la Judicatura en junio del año pasado. No obstante, desde la reforma 2.0 se propone una Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Civil de Carrera que sigue sin ser dictaminada en el Congreso. Otro ejemplo es el modelo de adquisiciones y contrataciones, luego de casos como los de "A toda máquina", el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) o la "compra de medicamentos a sobreprecio" quedó clara la necesidad de un modelo abierto de compras, que también ya ha sido propuesto pero no avanza en el Congreso.

En el ámbito municipal, de acuerdo con un informe de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) publicado en enero de 2020, sólo 19.73% de los órganos internos de control se encuentran integrados con su estructura completa. También es común que su titular sea nombrado más bien para cubrir a la administración que para cuidar los recursos públicos. Esto sin hablar del deficiente o nulo seguimiento a la evolución patrimonial de los funcionarios públicos.

En cuanto al Sistema Estatal Anticorrupción, en lo local tenemos algunos avances que, como lo ha manifestado el Comité de Participación Social, son solo para corregir la corrupción administrativa, no la corrupción política que justo inicia en las campañas electorales. A su vez, la situación del Sistema Anticorrupción en el ámbito nacional es vergonzosa, el Comité de Participación Ciudadana sólo cuenta con uno de los 5 integrantes que debe tener.

En este escenario hay mucho por hacer en cuanto al control de la corrupción. Tenemos los diagnósticos y también alternativas de solución, pero ha faltado voluntad política para seguir avanzando.

El fenómeno de la pandemia por el Covid-19 ha impactado en diversas formas la vida de la mayor parte de las sociedades en el mundo. La actividad económica y el empleo fueron significativamente afectados, el PIB en México perdió en 2020 al rededor de 8 %, según el INEGI, y desaparecieron con ello un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y más de 2.3 millones de empleos. No obstante lo anterior, la desigualdad y el crecimiento de la pobreza son un problema estructural desde hace ya varias décadas, las actividades informales constituyen un fenómeno alternativo para sectores vulnerables que llega, aproximadamente, a 50% de la actividad económica mexicana.

De forma similar a la dinámica nacional, en Jalisco se estimó de manera general una desaparición de 10% de empresas debido a la pandemia. Atendiendo al tamaño de las empresas, en la entidad se perdieron 18.6% de las micro y 9.9% de las pequeñas y medianas, mientras que a nivel nacional cerraron sus puertas 20.8% de las micro y 21.2% de las pequeñas y medianas. Por otro lado, en la generación de nuevas empresas encontramos que se reporta la creación de 3 mil 273 unidades nuevas, la cuales implican hasta 5 empleos y se clasifican como autoempleo y micronegocios (DENUE, Inegi).

Las empresas fueron afectadas por la crisis sanitaria que agudizó la dinámica económica, y en sus efectos la demanda y los mercados sufrieron una contracción y repercutió en bajas ventas, escasez de insumos y productos, disminución de ingresos y problemas de liquidez, con las consecuentes dificultades para enfrentar deudas, rentas. Además, se tuvieron que realizar ajustes en las plantillas laborales (horarios, salarios, despidos) y hasta cierres de negocios. Otro fenómeno fue la consecuente de ruptura de las cadenas productivas que incidió negativamente en la estructura económica nacional. Las alternativas ofrecidas por el gobierno son programas orientados a diferentes sectores para reactivar la economía, pero con pocos recursos ante la problemática y, apenas, como bocanadas de aire. Así, 94.1% de las empresas declararon no haber recibido ningún tipo de apoyo oficial. Los problemas de las empresas, como generadoras de empleo, requieren una serie de medidas más amplias e integrales y que ayuden a la sobrevivencia, a la profesionalización de su personal, a la adquisición de nuevas tecnologías, a la reformulación de los modelos de negocios, a la articulación de los sectores productivos y la economía en los territorios, entre otras.

Por otro lado, el balance del 2020 implicó una gran caída de la Población Económicamente Activa (PEA) y, por ende, un crecimiento en la tasa de dependencia de la población por cada trabajador ocupado. Sin embargo, el ingreso promedio de los trabajadores ha disminuido drásticamente, la desocupación se ha incrementado, y sólo crece el empleo para jornadas menores a 15 horas a la semana (aun cuando los trabajadores están dispuestos a laborar jornadas mayores) y el del número de trabajadores con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos o menos. La economía informal también ha caído con motivo de la pandemia y ha mostrado su gran importancia histórica para contener el aumento de la pobreza.

RECURSOS BILBIOGRÁFICOS

Amnistía Internacional. (202) Expuesto, acallado y atacado deficiencias en la protección del personal sanitario y que realiza labores esenciales durante la pandemia de Covid-19. 23 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4025722020SPANISH.PDF.

Anaya Muñoz & Martínez Valencia (2019), Capacidades institucionales para la procuración de justicia en Jalisco (2011 a 2018): número de funcionarios, salarios y escolaridad, Documento de Trabajo, Transformaciones, Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, ITESO, https://transformaciones.iteso.mx/capacidades-institucionales-para-la-procuracion-de-justicia-en-jalisco-2011-a-2018-numero-de-funcionarios-salarios-y-escolaridad/

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Riva Palacio, R. (2021, 24 de marzo). La farsa de la seguridad. El informador. https://www.informador.mx/ideas/La-farsa-de-la-seguridad-20210324-0028.html

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Tello, M., Souza, E., Mosqueda, L., Moreno, M., Ramírez, H., Jurado, H., Guillén, R., (2019). La seguridad pública en México: un esquema para determinar el cumplimiento teleológico del Estado en el 2019, Universidad de Guadalajara (Miscelánea 76): https://www.redalyc.org/jatsRepo/5138/513859856038/html/index.html

Entre otros, ver "Naciones Unidas. Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", Michelle Bachelet, sobre su visita a México, 9 de abril de 2019. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24467&LangID=S; CIDH. Situación de derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 2, 7, 27. 30, 64, 67, 281 y 537. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf; y Naciones Unidas. Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S

Regreso

En 2019 la cifra negra (sic) se estimó en un 91.2%. Ver. Inegi.

Regreso

De acuerdo con cifras de la Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI), la tasa de presuntos delitos pasó de cerca de 32 mil por 100 mil habitantes en 2012, a poco más de 27 mil en 2019 (con un pico de 33 mil 800 en 2015). Las desapariciones han aumentado de manera alarmante, pasando de 491 en 2012 a 2 mil 053 en 2019 (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), así como el número de homicidios (también según datos de la Envipe) pasando de mil 560 homicidios en 2012 a 2 mil 525 en 2019 (con un pico de 2 mil 928 en 2018).

Regreso

En al menos los últimos cinco meses destacan el secuestro y asesinato del empresario inmobiliario Felipe Tomé (noviembre 2020), el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval (diciembre 2020), la incursión violenta de un comando para privar de la libertad a un comensal en Los Otates y el asesinato de 11 personas en Tonalá por criminales armados (febrero 2021), la colocación en la plaza principal de Tlaquepaque del cadáver de un capo que disputaba la plaza al Cartel Jalisco Nueva Generación (marzo 2021), y el ataque a balazos a las oficinas de la agencia de comunicación La Covacha (marzo 2021).

Regreso

Según la encuesta de Percepción ciudadana de corrupción y desempeño de las autoridades de seguridad pública (IIEG, 2019), 74.5% de las personas encuestadas percibió a los jueces como corruptos y 61.4% a los ministerios públicos, mientras que la Marina y el Ejército fueron las instituciones a las que menor proporción de ciudadanos evaluó como corruptas, con 17.1% y 24.7% respectivamente

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