Chiapas: entre la barbarie y la esperanza

Óliver Zazueta 

Negocios criminales que incluyen trasiego de drogas, tráfico de personas y otras ramas de la delincuencia organizada, disputas territoriales, presencia de carteles internacionales; por otro lado, experimentos comunitarios de resistencia indígena que soportan los embates de esta economía de guerra. Todos estos fenómenos conviven en el sureste mexicano, en el territorio de Chiapas. 

La importancia geopolítica de este territorio, la complicada situación social, así como los diversos proyectos que dan esperanza fueron los temas abordados en el foro “Miradas sobre Chiapas: conflictos y resistencias”, organizado por el Centro Universitario de Incidencia Social (Coincide), la revista Christus, el Centro Universitario Ignaciano (CUI) y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ), del ITESO. 

Moderada por Alejandra Guillén, académica del Programa Indígena Intercultural de Coincide, la actividad contó con la participación de Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, Chiapas; Fortino Domínguez Rueda, integrante de Semillero Zoque de Guadalajara; José Avilés, SJ, sacerdote de la misión de Bachajón, Chiapas; Raúl Romero Gallardo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Francisco Rocha Camacho, SJ, coordinador de la oficina de atención del Servicio Jesuita a Migrantes en Frontera Comalapa, Chiapas. 

Economías criminales 

La intervención de grupos criminales en la frontera sureste de México es preocupante por varias vertientes, puesto que no se trata solamente de industrias del narcotráfico, sino que son redes que se dedican al lavado de dinero, la compra de armas o el tráfico de personas, apuntó el académico de la UNAM, Romero Gallardo. 

“Hace 40 años, en México surgieron dos proyectos: uno, el proyecto neoliberal de privatización y de mercantilización de la vida, y otro, el que se estaba comenzando a formar en las comunidades de Chiapas, que no estaba solo ahí, pero es representante de ese mismo. Pero hoy, el proyecto que ha triunfado es el de la guerra, el de las economías criminales y lo hemos visto extenderse por todo el país”, expresó. 

Chiapas es el epicentro de disputas entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, un territorio que tiene un mercado pujante relacionado con el tráfico de migrantes, pero además se ejercen otras violencias, paraestatales, corporativas y del propio Estado, que ha cooptado a varios grupos de resistencia por medio de programas sociales y apoyos económicos y que acabaron convirtiéndose en grupos de corte paramilitar. 

Desde su labor como coordinador de la oficina de atención a migrantes en Frontera Comalapa, Chiapas, el jesuita Rocha Camacho ha elaborado una radiografía de los principales fenómenos que afectan esta región fronteriza.  

“Prácticamente hay grupos armados en todos los municipios del estado, pero los centros de mayor violencia se dan entre terrenos en disputa que tienen que ver con sitios pegados a la frontera. Por ejemplo, la región Margaritas-Ocosingo tiene que ver con el control del trasiego de drogas, pues dentro de la selva lacandona hay varias pistas clandestinas donde se reciben los cargamentos de drogas provenientes de Sudamérica. El otro corredor de Tapachula es el corredor más importante de migrantes, es una ciudad nudo o jaula, adonde llegan la mayoría de las personas”, mencionó. 

Lo que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración no han logrado evitar, indicó Rocha, es que estas organizaciones criminales gestionen de una manera muy eficaz el paso de estos migrantes, pues han creado una red de transporte que se extiende más allá de la frontera de México con Estados Unidos. 

Bastiones de esperanza 

La irrupción del zapatismo –fundado en 1983 y surgido públicamente en 1994– fue un bastión de esperanza para muchas poblaciones en México y el mundo. Tras el desarrollo de sus Juntas de Buen Gobierno (Caracoles), sistema organizativo autónomo de estas comunidades, otras poblaciones han seguido su ejemplo.  

Una lucha propia ha sido la del gobierno comunitario de Chilón, del cual Pascuala Vázquez Aguilar, mujer de la comunidad tzeltal, es su vocera. En 2017, tras rechazar una elección convencional, este municipio de la selva norte de Chiapas, cuya lucha surgió a la par del nacimiento del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), se organizó para elegir a sus propias autoridades, ajenas a los partidos políticos tradicionales. Apenas en mayo pasado esta dirigencia se renovó de nueva cuenta con la elección de nuevos concejales. 

“Seguimos defendiendo nuestro territorio, aunque la ley dice que tenemos ese derecho, nosotros vamos a seguir resistiendo porque nuestro proyecto es defender la vida de nuestros hijos en todos los pueblos que forman parte de los gobiernos comunitarios. No recibimos ningún recurso del gobierno federal o estatal, porque terminamos viendo que esa es una forma de cooptación para dejar nuestra lucha. El famoso INPI –Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas– es una institución que copta a las organizaciones sociales para que dejen de luchar”, expresó Vázquez Aguilar. 

Fortino Domínguez Rueda, originario de Chapultenango, Chiapas, es historiador y antropólogo, miembro de la cultura zoque y encargado del Semillero Zoque de Guadalajara. Esta es una cultura de la zona norte chiapaneca que se extiende a los estados de Tabasco y Oaxaca, que sufrió una diáspora debido erupciones volcánicas, desplazamientos territoriales y flujos migratorios internacionales. 
Actualmente hay 54 familias zoque viviendo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y forman parte de una población de 65 mil indígenas en Jalisco de la cual 44 mil 727 habitan en la propia área conurbada.  

“Los zoques estamos en Guadalajara y vivimos también esta violencia. Estamos en la cuna del Cártel Jalisco Nueva Generación y muchos vivimos en el municipio de Tlajomulco, el que mayor número de fosas comunes tiene en el país. Hay que empezar a explorar cómo hemos empezado a normalizar este estado de guerra”, expresó.  

Recuerdan al padre Marcelo Pérez 

El pasado mes de octubre, el sacerdote Marcelo Pérez fue asesinado luego de oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas. La mayoría de las voces presentes conocieron sus obras, los esfuerzos de mediación en conflictos que tuvo en varias de las parroquias en las que estuvo al frente, y las amenazas que tuvo debido a su labor social y humanitaria. 

Para Avilés Arreola, SJ, encargado de la misión de Bachajón, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO y cofundador del Modevite, el asesinato del padre Marcelo no es más que un botón, pues atrás de él hay miles de víctimas dentro de esta disputa que ocurre en el sureste mexicano. 

“Marcelo acompañó a varios movimientos, evidenció la violencia del municipio de Panthelhó –municipio vecino de Chenalhó, donde ocurrió la matanza de Acteal en 1997–, denunció la situación de varios grupos criminales y acompañó a los sacerdotes de Tapachula, que también han sido hostigados y amenazados de muerte. En los últimos 15 años han sido 45 los sacerdotes asesinados”, recordó. 

Vázquez Aguilar también tuvo palabras de reconocimiento para la lucha que encabezó el padre Marcelo, quien hizo un eco en las distintas comunidades y en las diferentes parroquias en las que colaboró.  

“Lo mataron, pero más bien lo sembraron en la tierra para que dé frutos, su palabra, su voz, yo lo siento en mi corazón y me da fuerza, porque durante el acompañamiento que nos dio nunca nos dijo: ‘tomen sus armas para defender su derecho’, sino que a través del diálogo buscáramos formas para encontrar la paz”, declaró.