“Las órdenes ejecutivas son las interpretaciones del presidente”

Óliver Zazueta 

“Las órdenes ejecutivas son las interpretaciones del presidente. Esencialmente, es el presidente diciendo ‘leí la ley, esto es lo que yo creo que dice’”, explica con sencillez el abogado norteamericano Alex Malyshev. 

Malyshev, junto con Edmundo Elías Loyola y Bryan Hall, litigantes de la firma Carter Ledyard & Milburn LLP, estuvieron en la Biblioteca Dr. Jorge Villalobos, SJ, del ITESO para impartir a estudiantes de Derecho –en una actividad organizada por el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj)– la conferencia “Balance of Power in the U.S. Government: The U.S. Constitution, Federalism and Executive Orders”. 

Estos decretos presidenciales han sido el modo gobernar del que ha hecho gala el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asumir su segundo mandato en enero pasado, firmando más de 50 órdenes en temas diversos como comercio, migración, derechos civiles, política laboral del gobierno, diversidad y defensa, entre otros. Sin embargo, esta es una herramienta legal que ha sido usada frecuentemente por anteriores presidentes –quien más órdenes ejecutivas ha firmado en la historia de Estados Unidos (EEUU) ha sido Franklin D. Roosevelt, un total de 3 mil 522. 

Muchas de estas órdenes han aplicado en temas de jurisdicción internacional y han afectado a vecinos como México, en especial las relacionadas con cuestiones arancelarias, de migración o de tráfico de drogas. “Las ordenes ejecutivas son un tema muy difícil de entender, lo que sí tenemos que ver es que, jurídicamente hablando, no se puede hacer prácticamente nada, la solución tiene que ser práctica o política”, expresó Loyola. 

No obstante para los ciudadanos estadounidenses sí existen instrumentos jurídicos que pueden desactivar la discrecionalidad de estas órdenes. “Tenemos mandatos –injuctions–”, explicó Malyshev, “y se pueden usar como defensa ante alguna ley anticonstitucional. Los mandatos están basados en una especie de derechos establecidos por el estatus de la constitución. Tú tienes el poder de impugnar una legislación específica”. 

Malyshev explicó que la primera administración de Trump fue extremadamente torpe en algunas de sus órdenes ejecutivas, incluyendo algunas relacionadas con inmigración, lo que derivó en muchos actos inconstitucionales, por ejemplo, al detener a personas basadas en su religión, las cuales fueron desafiadas y esas órdenes fueron desechadas. 

“El tema ambiental, por ejemplo, es una de las áreas en las que la gente usa más mandatos o demandas, para que simplemente las cosas vayan más lentas”, añadió. 

Durante la charla, los juristas dieron una explicación grosso modo del funcionamiento del sistema político de Estados Unidos como una república, representativa, con una democracia no directa, que cuenta con dos cámaras legislativas. A su vez hablaron sobre el sistema de soberanía dual –federalismo–, que divide esta entre el gobierno central y los 50 estados que conforman la Unión Americana. Además de la división del poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como ocurre en México. 

Asimismo, describieron el funcionamiento de las agencias administrativas –una especie de cuarto poder en EEUU–, que se encargan de áreas específicas de la administración como protección a la inversión, empleo o medio ambiente, y que cuentan con expertos en el ramo para constituir un sistema de regulación más especializado. “Mucho del trabajo que el gobierno de los Estados Unidos hace colapsaría sin estas agencias: la regulación de las farmacéuticas, de dispositivos médicos, la aviación. Además, son menos susceptibles de ser corrompidas, por lo regular son más estables”, expresó Hall.  

También hablaron del modelo legal de “lobby” que funciona en el país estadounidense en el que organismos especializados o grupos de interés se dan a la tarea de redactar leyes que impacten sus sectores y a negociar con los legisladores sobre ellas.