Académicos del ITESO se pronuncian ante la violación del derecho humano al agua por el desabasto de agua en más de 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara

Durante las recientes semanas, unas 200 colonias del norte y centro del Área Metropolitana de Guadalajara han experimentado cortes de agua prolongados. Algunos durante más de diez días completos. Estos cortes conllevan un profundo impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente.

La situación va más allá de una política racional de distribución y está provocando una latente violación al derecho humano al agua y al saneamiento, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo cuarto, párrafo sexto, mandata: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".

El desabasto que se vive actualmente muestra la ausencia de planeación para cumplir cabalmente con este derecho. Además de darse en medio de una de las mayores crisis de salud pública que hemos vivido por la pandemia de Covid-19, en la que la necesidad de tener acceso al agua es crucial para mantener las condiciones higiénicas necesarias con el objetivo de desacelerar los contagios.

Los investigadores sobre el tema del agua del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, consideramos que las autoridades responsables de la gestión del agua de la ciudad deben tomar las siguientes acciones para garantizar el cumplimiento integral del derecho humano al agua y al saneamiento:

1. Asumir la responsabilidad pública por una deficiente gestión del agua para la ciudad, que debería estar basada en la reducción del consumo y el cuidado de las fuentes y no solamente en la construcción de obras hidráulicas.

De la poca información existente sobre el origen de la actual crisis de abasto en Guadalajara, las autoridades encargadas de la administración del agua señalan al mal temporal de lluvias de 2020 como la causa de los cortes actuales, ya que las colonias afectadas dependen del agua que se acumula en la Presa Calderón, que se encuentra actualmente al 17 por ciento de su capacidad y que, por lo tanto, está prácticamente desecada junto con el río del cual depende. Culpar a las variaciones en el ciclo hidrológico, es decir a la naturaleza y sus ecosistemas, de la situación actual, anula una necesaria autocrítica por el mal desempeño público.

Una visión estatal que no asume su responsabilidad en el mal manejo del agua propone una ilusión como alternativa: el problema del abasto se resolverá con la finalización del acuaférico, la construcción de más presas y mayores sistemas de tubería para la distribución. Pero sin el agua que proviene del ciclo natural en cada región, todas estas obras se convierten en recipientes vacíos. Por ello, es necesario, en primer lugar, reducir el consumo de agua en la ciudad de Guadalajara y cuidar las fuentes que la naturaleza nos ofrece, respetando los límites que esta nos impone y subordinar la infraestructura hidráulica al ritmo del ciclo. Solo así tiene sentido construir megaobras hidráulicas.

Las preguntas al respecto de la responsabilidad pública que se ha omitido, caen por su propio peso: ¿Por qué si las autoridades sabían de un bajo temporal de lluvias desde el año pasado, no comenzaron a tomar medidas desde octubre del 2020, cuando el balance de la precipitación ya era claro? ¿Cuál es la razón por la que hace apenas un mes se anunció la crisis inminente del abasto, sin una campaña de información a la ciudadanía y sin alternativas organizadas? ¿Dónde están los sistemas de información y de coordinación entre la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)? ¿Cuáles son las estrategias o avances en los indicadores de desempeño que se han implementado desde el programa de manejo de sequías de la cuenca del Río Santiago en el que debe estar necesariamente involucrada la Comisión de Cuenca del Río Calderón? ¿A cuánto asciende la inversión destinada a fortalecer estrategias integrales de manejo de emergencias por sequía, en comparación con el gasto que se ejerce en megaobras de infraestructura hidráulica? ¿Qué sentido tiene construir otras presas si, según afirman las autoridades, pierden su utilidad cuando el temporal de lluvias no es el que esperaban, esto a pesar de la elevada inversión que implican las presas? ¿Cuál sería la utilidad real del acuaférico sin una política integral del cuidado de las fuentes naturales?

Frente a aumentos sostenidos de calor, según estiman diversos escenarios de cambio climático sobre la ciudad, es esperable que los bajos volúmenes de lluvia se presenten con mayor frecuencia en el futuro. Por ello es indispensable inducir la reducción del consumo como parte de una gestión responsable del agua.

Hace unos quince años, investigadores de nuestra universidad sugerimos la implementación de un política basada en la sustitución de inodoros y regaderas domésticas, en la que estimamos que la inversión pública de unos 11 mil millones de pesos podría ser más eficiente que la construcción de presas como la Presa Arcediano o el proyecto el Zapotillo (este último que lleva ya una inversión aproximada de 26 mil millones de pesos y ha causado un conflicto social, sin aportar una gota al abasto metropolitano).

Lo mismo sucedería en inversiones integrales para la reparación de la red de agua potable y la reducción de fugas y otras acciones con una visión para la gestión del ciclo: implementación de sistemas de captación de agua de lluvia y de reúso intensivo de agua por medio de tratamientos dirigidos a los distintos sectores urbanos, industriales y agrícolas.

La responsabilidad gubernamental debe extenderse a otros elementos del ciclo hidrológico: garantizar el caudal ecológico que da vida a los cuerpos de agua, no continuar sobreexplotando el agua de los valles para cultivos de exportación con el desperdicio del vital líquido; no permitir que los bosques se deterioren, con la consiguiente pérdida de suelo, vegetación y que, en lugar de infiltración, se tengan inundaciones.

La zona afectada por el desabasto actual de agua en la ciudad de Guadalajara, también es resultado de un desarrollo desmedido de edificios que interrumpen el ciclo hidrológico socio-natural, impiden la recarga del agua subterránea y afectan los cauces de agua que corren por la superficie.

2. Se debe informar a la ciudadanía sobre el origen, las razones y la situación del desabasto en la ciudad.

El SIAPA debe a la ciudadanía tapatía una verdadera explicación técnica, con lenguaje accesible a todas las personas, por el mal servicio que brinda en estos momentos y por las afectaciones a la vida humana y a la vida de los ecosistemas naturales. Los ayuntamientos de Zapopan, Tonalá y Guadalajara, deben exigirle al SIAPA que responda a las necesidades de las personas en el marco del convenio-contrato que tienen firmado para otorgar el servicio de agua.

El desecamiento de la Presa Calderón y su río exige una explicación amplia y con lenguaje sencillo, que señale cuáles fueron las deficiencias gubernamentales en sus tres niveles (es decir, incluyendo a la Conagua que nos han llevado a esta situación).

Se deben integrar a estas informaciones públicas sobre el agua, los acuerdos políticos que se tengan con otras entidades federativas, especialmente con Guanajuato, pues de no ser así las autoridades incurrirían en violaciones del derecho humano a la información.

3. Para cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento se deben hacer acciones contingentes al corto plazo.

Las autoridades deben implementar acciones inmediatas y no sólo presentar planes de mediano y largo plazo. Para resolver de inmediato la crisis de desabasto actual de agua y cumplir con los derechos humanos vinculados es necesario:

• Ampliar la capacidad logística para surtir de agua a las colonias afectadas. Se deben aumentar, de inmediato, las flotillas de pipas. Esto no es una solución integral, pero por lo menos es una solución contingente inmediata que no pueden desechar las autoridades del agua en Jalisco y Guadalajara.
• Vigilar, dar cuentas y garantizar la calidad del agua que llevan las pocas pipas públicas y privadas a los hogares tapatíos. Si el agua que se distribuye con las pipas públicas del SIAPA (que tardan entre dos a cuatro días para llegar al lugar que se requiere) no es confiable (por ejemplo, agua de riego) se pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Las pipas públicas del SIAPA deben de garantizar que surten agua potable gratuita para llenar tinacos y aljibes de las casas.
• Detener el abuso en los precios de las pipas privadas. Ante la crisis, las pipas privadas cobran entre 700 y mil 200 pesos por llenar un tinaco de 400 a 600 litros.
• Es indispensable implementar una reglamentación inmediata del servicio de las pipas públicas y privadas que incluya aseguramiento de la calidad potable de su carga, tarifas, tiempos de entrega y punto de abasto (para evitar estar propiciando sobreexplotación del agua subterránea), pues dicha reglamentación no existe.
• Estas acciones de corto plazo deben tener como eje rector el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, asegurando que toda la población de la ciudad tenga acceso a un agua de calidad aún en períodos de sequía.

4.  Se deben desarrollar e implementar transformaciones en la administración pública del agua.

De conformidad con las exigencias democráticas de gobierno abierto y gobernanza, que entre otras características se basan en la transparencia, la apertura a la participación, la eficacia, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades, la estructura tanto del SIAPA como de la Comisión Estatal del Agua deben de modificarse para contar con consejos ciudadanos independientes, dotados con capacidades legales y técnicas suficientes para que vigilen y contribuyan a que los principios de la gobernanza y la democracia participativa puedan llevarse a cabo en estos organismos estratégicos. Esto con el fin de superar la etapa de administración vertical, autoritaria y de mínima participación ciudadana que las ha caracterizado desde su creación y que corresponden a un periodo político que este país ha superado en distintos ámbitos de la administración pública.

Es necesario rediseñar los distintos medios de difusión, información y redes sociales de los organismos públicos involucrados en la gestión del agua para que la ciudadanía pueda contar con información transparente, inmediata y oportuna sobre datos cruciales como la cantidad y la calidad del agua con la que cuenta la ciudad, el comportamiento a mediano y corto plazo de las fuentes naturales, las medidas activas y las que se activarán en escenarios base y de crisis.

Tal como lo ha señalado el Papa Francisco en su Encíclica Laudato si (Alabado seas), es urgente la transformación de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza reconociendo entre ambas una unidad indisoluble. Ante esta crisis de abasto de la ciudad, las autoridades que manejan el agua para Guadalajara tienen la oportunidad de cambiar del paradigma de la gran infraestructura hidráulica al paradigma del sostenimiento de la vida humana y el cuidado de los ecosistemas de los cuales dependemos, en el marco del cumplimiento al derecho humano al agua y el saneamiento.

Atentamente,