La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica reitera que:

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica

Ya lo había indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2013: "Más que mejorar la situación de los migrantes en situación irregular en México, ésta ha empeorado. Y, sin embargo, el Estado no ha adoptado una política pública integral dirigida a prevenir, sancionar y reparar los actos de violencia y discriminación que sufren".

Y es que el aumento de las personas migrantes centroamericanas y mexicanas detenidas, deportadas y repatriadas ha aumentado de manera vertiginosa en la última década. La acumulación de casos de personas que están en proceso de deportación en Estados Unidos asciende a más de 375 mil, de los cuales, un 10% corresponde a personas menores de 18 años. En México, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que, durante los primeros 8 meses de 2014, 63 mil 092 migrantes centroamericanos fueron detenidos y repatriados a sus países de origen.

La crisis generada por el incremento de menores no acompañados que estalló en junio de este año está siendo aprovechada para impulsar una política muy bien orquestada por el Gobierno de Estados Unidos a la que se han alineado los países de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, siendo la perspectiva de seguridad nacional y militarización de las fronteras la tónica predominante.

En este contexto la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica (RJM-CA&NA), ve con gran preocupación las siguientes situaciones:

El doloroso drama que enfrentan las personas  menores de edad migrantes y refugiados que buscan protección internacional, el cual fue advertido desde hace tiempo por diferentes organizaciones, y que en la actualidad sobrepasa en 68 mil la cantidad de personas menores de edad indocumentadas y no acompañadas que la Patrulla Fronteriza ha detenido en el último año. A la vez, el INM informó que entre enero y agosto de 2014 los niños, las niñas y los jóvenes centroamericanos que fueron detenidos y deportados desde México superaron los 12 mil. Los gobiernos de Estados Unidos y México en lugar de darles a estos niños y niñas la protección internacional que necesitan según las normas del derecho interno e internacional y el principio del "interés superior del niño", están tratando de acelerar su deportación y han culpado a las familias de abandono y negligencia, ignorando los posibles peligros de los que huyen o las opciones de reunificación familiar.

Además, México -con ayuda de Estados Unidos- ha aumentado rápidamente su capacidad para interceptar, detener y deportar a los migrantes y refugiados centroamericanos. Tales procedimientos de control no van precedidos de pruebas que evalúen si estas personas requieren algún tipo de protección internacional, lo que deja en extrema vulnerabilidad a aquellos centroamericanos que hayan experimentado violencia o amenazas dirigidas específicamente a ellos en sus países de origen y que huyeron para salvar sus vidas.  En este mismo sentido, Estados Unidos recibió 48 mil 550 peticiones de asilo de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños entre el 2006 y el 2013, pero solamente aprobó 7 mil 541 solicitudes, el 15.5%. El monto de las solicitudes aumenta cada año, pero las tasas de aprobación han ido descendiendo desde 27% en 2006 hasta  9 y 10% de 2011 y 2012.

Por otra parte, los Estados de la región centroamericana y de México no ofrecen alternativas de desarrollo ni protección ante la violencia estructural que se vive cotidianamente, más allá de la militarización de las sociedades. Los niños, las niñas y los jóvenes no logran acceder a una educación de calidad, ni a un horizonte de trabajo digno. Y el número de personas que huyen de Centroamérica, especialmente del triángulo norte, por causa de la violencia, es cada vez mayor.  Según Fernando Protti, representante de ACNUR en Mesoamérica, que en el año 2012 se registren 16,000 personas centroamericanas con estatus de refugiados no es normal para una región "supuestamente" en paz.

Los gobiernos de Centroamérica y México parecen más conectados a los intereses del gobierno de Estados Unidos que a sus connacionales, reforzando el enfoque de seguridad policiaca   militar de las fronteras y la criminalización de la migración indocumentada.  Con especial preocupación se ve el Programa Frontera Sur, entre México y Guatemala.

Ante este preocupante contexto, la Red Jesuita con Migrantes exige:

1) Que se aplique la opinión consultiva OC-21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 19 de agosto de 2014, sobre Derechos y garantías de los niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional.  La Corte considera que al diseñar, adoptar y aplicar las políticas de control de la inmigración para los menores de 18 años, los Estados deben conceder prioridad a un enfoque basado en los derechos humanos, desde una perspectiva transversal que tenga en cuenta los derechos del niño. Esto implica, por ejemplo, que los países deben para asegurar que los niños y niñas queden protegidos y tengan entrevistas con trabajadores sociales para determinar si merecen un estatus humanitario.

 2) Que se garanticen las posibilidades de protección internacional en EEUU y México. Urge mejorar la supervisión de los procesos de control de asilo y trata de personas en Estados Unidos. Esto implica asegurarse de que se les pregunte a todas las personas detenidas si temen regresar a su país de origen, y si responden de manera afirmativa que se les haga una entrevista de temor creíble. También es necesario ampliar las interpretaciones jurídicas de la realidad de violencia mesoamericana y evitar el riesgo de enviar de vuelta a personas que tienen verdadera necesidad de protección internacional a la tortura o a la muerte. El gobierno de México, en particular la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), debe fortalecerse para desarrollar y poner en práctica las mejores prácticas para la identificación y el tratamiento de los solicitantes de asilo y víctimas de trata.

3) Que los gobiernos de origen asuman su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos a sus connacionales y no colaboren en la criminalización de las personas en situación de movilidad. Que promuevan una solución integral regional que priorice la atención de las causas estructurales que originan la migración y la situación de refugio y sea concebida e implementada desde la perspectiva de la seguridad humana y no desde la seguridad nacional y la criminalización de la migración en situación irregular. Urge que las prioridades de las políticas de Estado enfrenten la reducción del desempleo, la desigualdad social, la violencia y la impunidad; el fortalecimiento del Estado de Derecho, el incremento de oportunidades de educación, la prevención de la violencia juvenil en la comunidad, el combate coordinado al crimen organizado, el apoyo y asistencia a las víctimas, así como un sistema de protección de testigos.

4) Una política migratoria regional con enfoque de derechos humanos, que no se base en el control fronterizo y criminalización de las personas migrantes. Que incluya, entre otros, el presupuesto necesario para la gestión migratoria que asegure esos derechos, por parte de las autoridades migratorias de México y Estados Unidos, y no destinado al control y militarización de la gestión. Y la profesionalización y presupuesto en los servicios consulares de los países de origen.