El ITESO colaboró con la CIDH en la resolución de un caso de genocidio

Vanesa Robles

Edgar Ayón conocía la historia del conflicto armado interno de Guatemala y la violencia de Estado contra los indígenas, que entre los años sesenta y noventa del siglo XX dejó casi 250 mil muertos y cientos de desplazados.

Nada se parecía a lo que leyó hace un año: "un relato súper fuerte de algunas mujeres [de un pequeño poblado, Chichupac], quienes contaban cómo los militares iban denigrando a toda la comunidad".

A los hombres les exigían formar parte de un patrullaje. Si se negaban, los torturaban y asesinaban. A ellas las obligaban a limpiar los restos mortales, que eran de sus esposos, hijos, hermanos. A muchas las violaban.

Ayón cursa el sexto semestre de la Licenciatura en Derecho del ITESO. Junto con un equipo alumnos y profesores participó en la elaboración de un documento que le sirvió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para emitir una sentencia sobre el caso de Chichupac. De su carrera también colaboraron Denisse Llanos y Lourdes Petersen, y Óscar Juárez, de Ciencias Políticas y Gestión Pública, todos coordinados por los profesores Ana Sofía Torres, Aldo Partida y Dosia Calderón.

Entre todos redactaron un amicus curiae, un documento mediante el cual instituciones ajenas a una controversia colaboran con un tribunal, al cual le aportan elementos técnicos para que los considere cuando resuelva.

Ana Sofía Torres, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, considera que el amicus curiae fortalece una perspectiva más democrática en la impartición y el acceso a la justicia.

¿Cómo llegó al caso los estudiantes y profesores a la universidad? El ITESO tiene el estatus de consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA), para quien monitorea los casos que llegan a la comisión y la corte interamericanas de Derechos Humanos, con sede en Washington y en San José de Costa Rica, respectivamente. La comisión investiga casos que no han podido resolverse en su país de origen; la corte resuelve y emite sentencias.

A eso se suma que durante dos años Dosia Calderón, profesora de "Derechos fundamentales", "Derecho constitucional" y "Derecho internacional", trabajó en Guatemala, en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En ese tiempo visitaba todo el país, documentaba historias y otorgaba asistencia técnica.

A través de su experiencia, al ITESO llegaron solicitudes de apoyo para Chichupac, de la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal y la organización Impunity Watch. El primero es un grupo de litigantes indígenas que toma situaciones de violación a los derechos humanos y restitución de tierras, en el contexto de conflicto armado. La segunda vigila cómo resuelven algunos Estados ciertos casos de justicia.

Este sucedió antes, durante y después de enero de 1982, cuando 32 hombres del poblado fueron seleccionados de una lista, torturados y ejecutados, y varias mujeres violadas.

Al grupo del ITESO se le pidió ayudarle a la Corte Interamericana a tener puntos de vista nuevos para resarcir el daño —repararlo—, porque eso no estaba ocurriendo. En Guatemala, desde la firma de los Acuerdos de Paz en los años noventa, existe el Programa Nacional de Resarcimiento, pero tiene fallas terribles, en opinión de Dosia Calderón.

Una de ellas es que ese instrumento no ayuda para la reconstrucción del tejido social. Otra de las deficiencias encontradas es que aunque en la teoría se otorga una indemnización a las víctimas, en la práctica este beneficio sólo incluye a las viudas o madres de un muerto. En cambio, excluye —y por lo tanto discrimina— a otras mujeres que sufrieron daños directos, como la violación sexual.

"Nos pusimos a estudiar", recuerdan Calderón y Ayón. Eso implicó una revisión minuciosa de todas las sentencias que había emitido la Corte sobre asuntos indígenas, alrededor de 30 sobre casos de Guatemala, Colombia, Paraguay, México y El Salvador. La misión era hallar qué había dicho antes la Corte y qué le faltaba.

Fue didáctico, estimulante, doloroso y vertiginoso. El grupo del ITESO recibió el caso durante la última semana de abril, y lo entregó el 13 de mayo de 2016. El trabajo del grupo fue voluntario.

El caso había llegado a la comisión en 2007 y en 2014 esta lo remitió a la Corte.

El amicus curiae que resultó incluye cuatro grandes ejes de recomendaciones. En síntesis:  que el resarcimiento del daño debe respetar y promover el proyecto de vida; es decir, las condiciones mínimas para una vida digna; que la reparación debe tener una vocación transformadora, con perspectiva de género: buscar el cambio de las condiciones estructurales que permitieron la violación de los derechos humanos, e incluir un tratamiento diferenciado para las mujeres que fueron víctimas; que las víctimas deben participar en el diseño de su proyecto de vida, de acuerdo con su cosmovisión, y que el Estado debe distinguir, para no confundirlos, entre la reparación del daño y otras políticas públicas y programas sociales que ya existen (construcción de escuelas, campañas de salud, infraestructura).

En su sentencia inapelable sobre Chichupac, que emitió en septiembre de 2016, la Corte Interamericana reconoció y aceptó todos los elementos aportados por el grupo de trabajo del ITESO y tomó algunos en cuenta en su redacción. Reconoció, con nombre y apellido, a cada víctima y las vejaciones que sufrió en su persona. Guatemala está obligada a acatar la resolución del tribunal interamericano.

A los estudiantes les quedó la satisfacción de haber participado en la resolución de un caso que forma parte de la historia de genocidio en Guatemala: "Es muchísimo el aprendizaje sobre derecho internacional y derechos humanos a partir de este tipo de ejercicios. Pones en práctica todo lo que aprendiste", afirma Ayón.

Para Calderón es indispensable que la universidad siga generando proyectos entre los profesores y estudiantes y que desde la universidad se aprenda que el derecho puede ser una herramienta de transformación social y los abogados, agentes de cambio.

Ambos coinciden en que lo más importante de la experiencia fue lo que ocurrió con las víctimas que sobreviven a la masacre de Chichupac: volvieron a creer en la justicia.