La clínica jurídica del ITESO gana demanda de reparación integral del daño en un caso de tortura

Édgar Velasco

Diciembre de 2011. Vísperas de Navidad. El jueves 22, los hermanos Eviud y Rodrigo Galeana Rodríguez, acompañados por Elena, su madre, realizaban compras en la calle Obregón. Como miles de familias lo hacen por esas fechas en esa calle.

Sin embargo, pasó algo que cambiaría la vida de la familia Galeana. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara comenzaron a discutir con los propietarios de un puesto. La discusión se volvió riña y Elena cayó al piso. Los hermanos se involucraron en la trifulca contra la policía. Fueron detenidos y esposados.

Ahí empezó la pesadilla. Eviud y Rodrigo fueron puestos contra en el piso y los golpearon. Luego los agentes los llevaron a una gasolinera donde siguieron las agresiones, incluyendo toques eléctricos en los testículos. Eviud terminó con una fractura en la mandíbula y Rodrigo de pronto se descubrió portador de la marihuana que le "sembraron" los agentes.

Los hermanos terminaron en la Procuraduría General del Estado, hoy Fiscalía General del Estado. Pero Elena no se quedó cruzada de brazos y presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). La queja se convirtió en recomendación. La recomendación, en victoria. La familia Galeana obtuvo hace unas semanas un fallo a favor en segunda instancia para recibir la reparación integral del daño causado por la policía de Guadalajara.

Agustín Verduzco, profesor de la Licenciatura en Derecho del ITESO y colaborador de la Clínica Ignacio Ellacuría, SJ, explica que, una vez que la CEDHJ emitió la recomendación, la familia se acercó a la clínica en 2012 para darle seguimiento a la reparación del daño.

El académico recuerda cuando conoció a la familia: "Me sorprendió mucho cómo se acercaron, vi sus caras, esa desesperación, esa rabia, esa impotencia, esa falta de fe en las instituciones. Me platicaron lo que vivieron y me trajeron la recomendación, vi que había un trabajo de defensa, un compromiso con los derechos humanos".

Fue entonces que en la clínica jurídica del ITESO tomaron el caso. Verduzco relata que era necesario que la familia tuviera un abogado para tramitar la reparación del daño, porque "si bien es cierto que la comisión emitió la recomendación, si la familia no tiene un abogado, ahí se queda, no se ejecuta".

Ya con el caso en sus manos, en la clínica armaron lo que es conocido como litigio estratégico. Verduzco explica que éste busca "cambiar una interpretación de la ley o cambiar algún elemento de alguna instancia que funcione dentro de una dependencia".

La apuesta de la clínica era buscar no sólo la reparación del daño, sino la reparación integral del mismo.

"Cuando la CEDHJ emite la recomendación y se solicita la reparación integral, la Ley de Responsabilidad Administrativa del Municipio sólo permite la reparación del daño material, no la integral, que sí está contemplada en los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y, recientemente, en la Ley General de Víctimas. Obviamente en la primera instancia el ayuntamiento dijo que no procedía porque su ley administrativa no contemplaba la reparación de daño moral y que tampoco estaba acreditado el nexo causal entre la actividad irregular de los policías con la tortura", abunda Verduzco.

Y es que la policía reconoció la mala actuación de sus elementos, pero no el daño que ésta había causado.

Así pues, los profesores y los estudiantes diseñaron una estrategia que incluyó derecho administrativo, derecho civil, el corpus de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad (tratados y estándares internacionales, la Ley General de Víctimas, la Constitución); se interpusieron alegatos en el juicio de nulidad, además de explorar la vía política y la difusión del caso en medios de comunicación. Litigio estratégico en su máxima expresión.

Con toda esta estructura legal, la familia Galeana y la Clínica Ignacio Ellacuría, sj, obtuvieron el fallo a su favor en segunda instancia, ante el Tribunal de lo Administrativo. Y no sólo eso, también lograron que se reconociera a Elena, la madre de los muchachos, como víctima indirecta, algo que no suele ocurrir en el país.

Agustín Verduzco detalla que, dado que ella no sufrió tortura ni se la llevaron detenida, el Ayuntamiento no le reconocía su calidad de víctima bajo el argumento de que no tenía un interés jurídico.

Sin embargo, la clínica respondió con la prueba de presuncional humana.

"¿Cuál fue la prueba que ofrecimos? En la recomendación, la CEDHJ hace constar que Elena es quien busca a los muchachos en el juzgado municipal, es la que va a la Procuraduría del Estado, los lleva a los hospitales, va a la comisión y es quien interpone la queja. Ella hace todo eso por sus hijos. Hay una presunción humana del dolor de una madre frente al sufrimiento de sus hijos. ¿Qué otra prueba teníamos que ofertar? Esa nos la reconocen en el juicio de nulidad".

Verduzco añade que la prueba de presuncional humana no se usa mucho, pero que en materia de derechos humanos tiene mucho peso. Tanto, que en este caso inclinó la balanza a favor de la familia Galeana.

El profesor del ITESO abunda que en este caso era indispensable solicitar la reparación integral del daño, ya que ésta cubre la reparación del daño material, el físico y el moral. Además, porque esta modalidad también incluye las garantías de no repetición, es decir, compromete a las instituciones y las autoridades a no repetir las acciones que ocasionaron dicho daño, en este caso la tortura. En lo que se refiere a la reparación del daño moral, la sentencia contempla para este caso un pago de 636 mil 523 pesos por las afectaciones a Elena, Rodrigo y Eviud.

El seguimiento del caso se hizo desde el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) de la Clínica Ignacio Ellacuría, SJ. Sobre la actuación de los alumnos, el académico señala que durante el tiempo que ha durado el litigio "tuvieron que poner en juego muchas habilidades. Se estaba jugando no sólo con una disciplina del derecho, sino con varias, por lo que había que conjuntar diferentes competencias y saberes. [Los estudiantes] se dividieron las tareas e hicieron un trabajo bastante interesante: luego de estudiar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencias de la Suprema Corte, el código civil, la Ley General de Víctimas, etcétera, daban un primer insumo, yo lo dirigía y luego lo presentábamos. Estaban al pendiente de las notificaciones y los términos".

Al momento de la entrevista con Verduzco, la clínica esperaba la respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara, que llegó pocos días después. El Tribunal desechó el amparo interpuesto por el Ayuntamiento, por lo que el siguiente paso es pedir al municipio que cumpla la sentencia y realice la reparación integral del daño a los hermanos Eviud y Rodrigo Galeana Rodríguez y a su madre, Elena.

Clínica Ignacio Ellacuría, SJ: otra manera de entender el derecho

Desde su creación en 1998, la clínica jurídica Ignacio Ellacuría, SJ, combina la búsqueda de la justicia para personas de escasos recursos con la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Derecho del ITESO. Un botón de muestra de esta exitosa combinación es el caso Galeana, en el que, asesorados por los coordinadores de la clínica y académicos del ITESO, se involucraron los entonces alumnos Herman García, Nohemí Guareña y Mariana Ortiz.

"Se generó una dinámica muy padre. Hacíamos reuniones en las que se estudiaba el caso y se delegaban funciones. Nohemí hizo el estudio de hechos; Mariana, el estudio de víctima indirecta [el caso de Elena, la madre de Eviud y Rodrigo], y Herman estableció el nexo causal", relata Claudia Ibette Estrada, coordinadora de la clínica.

Estrada explica que contar con un PAP trae grandes beneficios para los estudiantes porque "ponen en práctica sus conocimientos no sólo en litigio ordinario, sino en el litigio estratégico, que hace hincapié en los derechos humanos, pero también en los derechos de la personalidad. Los alumnos se involucran desde los primeros semestres".

El beneficio, añade, también es para la clínica, que de este modo puede contar con el recurso humano necesario para atender la demanda que tienen.

La clínica brinda asesoría legal a personas de escasos recursos. Busca impulsar y promover la cultura de la paz y la resolución de conflictos a través de la mediación para resolver los problemas de raíz, explica la coordinadora. Para ello trabaja en colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa. Los servicios más solicitados, dice, tienen que ver con asuntos de materia familiar: divorcio, pensión alimenticia, sucesiones. Además, desde septiembre de 2016, ha comenzado a involucrarse con temas de migración y refugiados.

Actualmente la clínica tiene su sede en el campus del ITESO. Ofrece asesorías los días lunes, miércoles y viernes. Estrada Carreón explica que se atiende a todos los que se acercan. Luego, con base en un estudio socioeconómico, toman los casos de personas de escasos recursos o de quienes no pueden acceder a la justicia.

Se puede contactar a la Clínica Ignacio Ellacuría, SJ, a través de su página web, en Facebook o en el teléfono 3669-3434, extensión 3496.