Aliados legales de miles de ciudadanos en busca de justicia

Enrique González

Desde la puerta del Centro Ignacio Ellacuría del ITESO se ve la "Inmolación de Quetzalcóatl", la escultura que desde los años setenta se ha convertido en un ícono de la Plaza Tapatía.

Paula, quien rebasa los 60 años, cruza la puerta del centro con un montón de papeles en la mano y después de haber saludado a un par de asesores que le clarificaron cuál era el camino que iban a seguir para resolver su caso.

El 18 de mayo de 2014 enviudó cuando su esposo cayó desde un andamio mientras trabajaba como albañil en una obra en una colonia popular de la ciudad.

El patrón no quiso responder; Paula, sin hijos y con todos sus familiares en Guerrero, tuvo que empezar a vender dulces en la calle para sobrevivir y costear los trámites legales para obtener una justa indemnización.

Primero el patrón se desentendió; ella pedía 50 mil pesos y el patrón le llegó a ofrecer 10 mil, los cuales Paula consideró aceptar, hasta que el bufete jurídico del ITESO la ayudó a entender y armar mejor su caso y, con la Ley Federal del Trabajo por delante, le hizo ver que podía aspirar a, por lo menos, 300 mil.

Viuda, migrante, de la tercera edad, sin hijos, sin familiares en la ciudad y en pobreza extrema… El estado de indefensión de Paula era evidente, uno de esos casos que el centro toma sí o sí. Para elegir en cuáles se involucra, aplica un estudio socioeconómico.

"Le vamos a entrar a este caso porque la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 519, dice que el interesado como beneficiario tiene dos años desde la muerte del trabajador para presentar una solicitud de indemnización ante la Junta de Conciliación y Arbitraje", explica Herman García, egresado de las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Derecho del ITESO, quien entró a colaborar en el centro en enero de 2015 como estudiante del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) "Bufete jurídico gratuito en Guadalajara".

"Elaboramos la demanda y ya la tenemos lista para presentarla en cuanto a la señora se le nombre beneficiaria; en la misma ley se contempla, en el artículo 502, que al beneficiario se le pagan aproximadamente 300 mil pesos. Hablamos con el abogado de la parte demandada para llegar a un acuerdo y no ocurrió nada".

Esta es la razón de existir del Centro Ignacio Ellacuría, el cual fue inaugurado en abril de 1998 y cuyos objetivos son: "Generar mejores y consistentes condiciones de justicia social y equidad y alentar la formación de una sociedad poseedora de una nueva cultura política donde se respete la ley, se promueva la participación y tengan vigencia las libertades y los derechos".  

Experiencia, juventud y compromiso con el servicio de la justicia alternativa

Nomen est omen. El nombre es destino, dicen.

Bautizar con el nombre del jesuita Ignacio Ellacuría a este bufete jurídico, destinado a atender a ciudadanos con escasos o nulos recursos para lidiar con la ley, implica un fuerte compromiso con el trabajo que realizan, llegando a atender diariamente a un promedio de 15 personas, es decir, entre mil 500 y dos mil casos al año. Algunos los toman, otros no, pero aquí nadie se va sin ser asesorado, tenga o no dinero. 

Ellacuría, sacerdote de origen vasco y nacionalizado salvadoreño, era Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador (UCA) cuando fue asesinado en 1989, junto con otros cinco hermanos jesuitas y dos religiosas, por el ejército de aquel país, debido a su oposición al régimen militar y a la represión social que aterrorizaban a El Salvador. Es uno de los Mártires de la UCA.

El centro, fundado el 20 de abril de 1998 por Eutiquio Dueñas y Basilio Martínez, profesores de Derecho del ITESO, brinda orientación en materia familiar, fiscal, civil, laboral y mercantil, no así en la penal, debido a que "son asuntos muy delicados, y los alumnos no pueden trasladarse a Puente Grande. Es una política de la universidad", explica Claudia Estrada, coordinadora del centro quien, junto con Linda Bonilla, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, le da solidez y experiencia al proyecto.

Ellas son las que litigan cuando se necesita, las que guían paso a paso a los alumnos para que sepan cómo tratar tal o cual caso, investigarlo, revisar expedientes, interpretar la ley o redactar una demanda. Son también las que dejan a un lado su labor de profesoras y asesoran a los ciudadanos.

"Estamos convencidas de ese nuevo paradigma (la justicia alternativa) y queremos, ojalá que se pueda, que el Centro Ignacio Ellacuría se convierta en un centro de mediación". ¿De qué se trata este paradigma? ¿Por qué Bonilla y Estrada ya tomaron el Diplomado de Justicia Alternativa que ofrece, precisamente, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA) para obtener su certificado como "mediadoras" y convertirse oficialmente en "Prestadoras de servicios de métodos alternos de solución al conflicto"?

"Se trata de agotar todas las vías posibles antes de acudir a instancias judiciales, es decir, recurrir a métodos alternos para promover una cultura de la paz donde ambas partes salgan satisfechas, no como en un juicio con abogados tradicionalistas que dicen: ‘¿me ganaste en primera instancia? Pues ahora te interpongo una apelación, y ahora un amparo…', y en ese procedimiento tiene que haber un ganador y un perdedor. En la justicia alternativa se busca un acuerdo justo y equitativo", explica Estrada.

Los alumnos de la Licenciatura en Derecho del ITESO que participan en el bufete jurídico aprenden, de la mano de Bonilla y Estrada, esta manera de resolver los casos.

"Queremos que los alumnos vean qué es una mediación para que se alleguen de todas las herramientas y habilidades del mediador y vean que con este nuevo paradigma estamos promoviendo la cultura de la paz, para que ambas partes salgan satisfechas".

La justicia alternativa, además, sí le resuelve problemas a la gente, aunque con una notable diferencia: "Un convenio del IJA tiene la misma categoría de una sentencia ejecutoria, es decir, lo mismo que un juzgado. El IJA es un órgano autónomo que forma parte del Poder Judicial del Estado de Jalisco", subraya Estrada.

"Bienvenida, pase… ¿En qué le podemos ayudar?"

La mañana transcurre y las sillas de la recepción nunca están vacías. Alumnos y profesoras van y vienen con papeles, dialogan con ese señor o aquella señora –la amabilidad y paciencia son evidentes–, conversan entre ellos para resolver alguna duda, teclean en la computadora para complementar algún expediente o revisan en una mesa algún asunto de divorcio, mientras desde las ventanas de las oficinas al fondo se ve y escucha el pesado tráfico sobre la avenida Hidalgo que está a punto de llegar a la Calzada Independencia.

"En el momento en que los estudiantes del ITESO tenemos un encuentro como con la señora Paula, esa es la manera en que podemos desarrollar una sensibilidad para que cuando egresemos podamos decir: ‘Yo quiero colaborar, porque tengo un conocimiento de cuáles son las circunstancias que viven estas personas'", comparte Herman, quien añade la pregunta que en buena medida guía su labor en el centro.  

"¿Cómo le vamos a hacer para que podamos tener un cumplimiento estricto del derecho, sin dejar de lado los derechos humanos, sobre todo los de los más desfavorecidos?".

Al Ignacio Ellacuría acuden personas de todas las edades, enviadas en una buena cantidad de ocasiones por el propio IJA, el Instituto de la Mujer o el Instituto del Adulto Mayor –40 por ciento de las personas que atienden son adultos mayores–, instituciones gubernamentales que describen al centro como diligente y confiable y hacen que la gente lo busque.

"No nos damos abasto", reconoce Estrada. "Ellas llevan a cabo una labor titánica y a veces hay sobrecarga de trabajo, pero estamos ganando casos, aprendemos, se imparte justicia… Vale la pena", concede Herman.

En el periodo Primavera 2015, el centro contó con siete alumnos de Derecho y cada uno tuvo que estar al pendiente de entre diez y doce casos, codo a codo con las expertas; para el verano se anotaron trece de la misma carrera, más cinco estudiantes de Psicología, cuya misión es acompañar a las personas, sobre todo cuando se trata de asuntos familiares.

Si no es para todos, ya no es justicia

El universo de las leyes y la justicia es la arena en la que se desenvuelve el Centro Ignacio Ellacuría, con la mira puesta en anteponer siempre a la persona y sus necesidades.

En un país donde la mitad de las personas vive en la pobreza o en la pobreza extrema, "de nada serviría que la universidad creara profesionales técnicamente competentes que no tuvieran un acercamiento al dolor ajeno y ganas de transformar al país", enfatiza Herman, citando las Orientaciones Fundamentales del ITESO (OFI).

Para conseguirlo, el equipo del centro se apoya no sólo en la Constitución o en las leyes estatales, sino también en los tratados y convenciones internacionales que ha firmado México y que son vinculantes –es decir, que las autoridades tienen que cumplir–, por ejemplo en materia de derechos humanos.

A la hora de abandonar las oficinas del centro, poco antes del mediodía, todas las sillas siguen ocupadas; es muy probable que ese día hayan sido quince casos y a algunos ciudadanos los hayan tenido que citar para mañana.

Las oficinas del Centro Ignacio Ellacuría se encuentran ubicadas en la Plaza Tapatía: Paseo Degollado 52, esquina Paseo de los Jugueteros, a unos cuantos metros detrás del Teatro Degollado. Más información en el teléfono local 3613-6405 o en el buzón electrónico cie@iteso.mx.