Los juicios orales en México sí funcionan

Judith Morán

"¿Están funcionando los juicios orales?, la respuesta es sí", afirmó Guillermo Zepeda Lecuona, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y secretario técnico del Comité de seguimiento y evaluación del nuevo sistema penal en México, donde además del ITESO están el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como México SOS y México Evalúa.

El comité presentó en marzo a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) un informe sobre los avances y áreas de oportunidades del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en las 13 entidades del país donde ya están en vigor los juicios orales.

En las entidades donde se hizo el estudio, se calcula que 15 mil personas evitaron la experiencia de estar en prisión preventiva y muchos de ellas no tendrán un antecedente penal, en casos que pueden resolverse con una multa.

"Con un antecedente penal va a ser difícil que (la persona) consiga un trabajo y si estuvo en prisión preventiva es estigmatizado", señaló Zepeda Lecuona en la conferencia "¿Están funcionando lis juicios orales?", dictada el 30 de abril en el auditorio A del campus.

El informe incluye casos de buenas prácticas para los estados de Jalisco, Veracruz y Nayarit, en los que apenas se implementa el nuevo sistema de justicia que para junio de 2016 deberá estar en todo el país.

"Traigamos (a Jalisco) el área de atención a víctimas de Nuevo León, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California, la unidad de medidas cautelares de Morelos, son buenas prácticas que le pegan al 60 por ciento del problema", señaló el académico. Agregó que 1.6 por ciento de las personas que comenten un delito en México son puestas a disposición de un juez.

Zepeda Lecuona relató que Baja California estaba en el tercer lugar a escala nacional de ocupación penitenciaria; cuatro años después, tras la implementación de los juicios orales, bajó al lugar número 18. "No se cayó a pedazos el estado y está gastando 40 por ciento menos en manutención de internos".

En el caso de Jalisco, Zepeda Lecuona detalló que la Fiscalía destina un millón 400 mil pesos al año en prevención del delito y mil 800 millones de pesos al año en operación del sistema penitenciario. "Sin duda 40 por ciento de esas personas podrían estar evitándose esa experiencia penal", aseguró.

Comparó el sistema de justicia alternativa en Baja California con un banco, ya que tiene la certificación ISO 9001:2008 y para mantenerla, un denunciante debe ser atendido en 17 minutos.

Entre las áreas de oportunidad que ha detectado, está el hecho de que la defensoría pública no es eficaz, en algunos lugares es optativa la condición de que el defensor tenga título de abogado, éste suele tener cargas excesivas de trabajo, y sólo cinco defensorías públicas del país tienen un área pericial propia.

"El sistema penal tradicional es como un hospital, en cuya sala de urgencias se atiende por igual a quien se rompió una uña que a quien le da un infarto (…), el robo de galletas en una tienda lo tratábamos igual que si fuera un criminal de una organización delictiva", destacó Zepeda Lecuona antes de explicar que el nuevo sistema penal permite decidir quiénes se van a justicia alternativa.

En Chihuahua hay un beneficio llamado suspensión de procedimiento a prueba para delitos menores, en el que el acusado repara el daño y si en dos años no vuelve a tener un problema con la justicia, el caso se manda a archivo. "De las más de 3 mil 500 personas que han usado este mecanismo en los últimos dos años, sólo han regresado al sistema de justicia 1.8 por ciento", explica el académico. En Morelos van más allá porque se les apoya para que consigan un trabajo.

De manera general, Zepeda Lecuona expuso que en los estados donde está en vigor el nuevo sistema de justicia penal son menos los casos que llegan a juicio, pero los que llegan son por delitos de alto impacto.

 Numeralia  

11 casos de cada 100 que llegan a la procuraduría en Jalisco se resuelven.

En Jalisco sólo se reportan siete por ciento de los delitos.

150 millones de pesos se destinan en Jalisco en procesos de casos por daño en las cosas por accidentes de tránsito, es cinco veces el presupuesto anual del Instituto de Justicia Alternativa.

18 mil 27 personas están en prisión en Jalisco, casi el mismo número de internos del Estado de México.