Compara la inclusión laboral en España y México
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Compara la inclusión laboral en España y México
Leticia Velasco, autora del libro "La inclusión laboral de las personas con discapacidad. Un estudio comparativo entre México y España", destaca que este proceso debe estar acompañado por políticas públicas.
Adriana López-Acosta
México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, este año, en palabras de Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "en México, lamentablemente, este tema sigue eclipsado".
En este sentido, Leticia Celina Velasco Jáuregui, profesora del ITESO, escribió un libro que pretende señalar los retos y las pistas para que el país se ponga al corriente con la deuda histórica hacia las más de cinco millones 739 mil 270 personas que viven con discapacidad, de acuerdo con datos del INEGI de 2010.
La autora explicó que el tema tratado en La inclusión laboral de las personas con discapacidad. Un estudio comparativo entre México y España, es "complejo y delicado, porque mermas la condición humana de estas personas, lo cual es serio. Al excluirlos de la fuerza laboral, mermas su ciudadanía y sus derechos".
La razón por la cual eligió realizar el cuadro comparativo con España fue, porque el país europeo alimentó, en buena parte, el contenido de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ha tenido avances en materia de inclusión social y laboral.
A partir de ello, realizó un contraste con qué ha hecho México en relación con la inclusión laboral.
En opinión de la autora, el gobierno español ha echado a andar una serie de políticas públicas en favor del empleo para personas con discapacidad que ha construido un modelo que parte de las distintas capacidades, habilidades y recursos que tienen las personas, quienes pasan por un proceso de capacitación hasta llegar a ser incluidas en las empresas como cualquier otro ciudadano.
"Este modelo de inclusión laboral va acompañado en todo momento de políticas públicas. Es visible la cantidad de subvenciones que nutren en el proceso y poco a poco la inclusión se da en todos los espacios y en todos los niveles", añadió.
"México firmó y ratificó la convención hace diez años, y hemos avanzado poco. Afortunadamente, es un compromiso vinculante, es ley, y tiene el compromiso de dar informes a la ONU en materia de seguimiento", destacó Velasco.
La ONU ha señalado todos los elementos de mejora, y muchos de ellos tienen que ver con problemas culturalmente arraigados en las personas, de tal manera que no se considera ver a la persona con discapacidad como un posible empleado.
"Aunado a esto, no se han creado políticas públicas. Hay pocas, son limitadas, cuesta trabajo acceder a ellas y hay muchas cosas que desalientan la contratación a personas con discapacidad", comentó la autora.
Los avances logrados se han tenido por impulso de las empresas, o de algunas firmas internacionales, que ya traen políticas de inclusión de sus países. Otras veces ha sido por conciencia propia, muchas veces porque se tiene una persona cercana con alguna discapacidad. En la Ciudad de México existen algunas agencias de integración que han acomodado a muchas personas en empleos, pero, la académica advierte que esto no es garantía que sea un proceso de inclusión.
Velasco espera que este libro pueda servir para marcar las pautas que hacen falta a la sociedad civil para luchar por sus derechos de manera organizada, y reitera que hace falta investigación en México al respecto.
"Ver el modelo que ha seguido España, aunque no podamos seguirlo al pie de la letra, porque es otro país y son otras condiciones, puede dar muchos parámetros de acción, y ver que son metas comunes, independientemente del tipo de discapacidad con el que trabajen".
El libro fue presentado en la Feria Internacional del Libro (FIL), el pasado viernes 1 de diciembre, en el stand del ITESO-Ibero-Buena Prensa, y la autora fue acompañada por Rocío Enríquez académica del ITESO, y Lucina Bravo, representante de la Fundación San José, que trabaja por la inclusión laboral.
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