México vive una contradicción en su sistema jurídico

Vanesa Robles

Homicidios, violaciones, feminicidios, desplazamientos. Desde hace aproximadamente 15 años, en México técnicamente se vive la situación de un Estado en guerra y la que podría ser la peor crisis humanitaria de su historia moderna.

Al mismo tiempo, el país enfrenta grandes contradicciones debido a las reformas de sus leyes en materia de justicia penal y de derechos humanos, expuso Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estos contrasentidos se expresan en las modificaciones a diversas leyes y a las instancias gubernamentales.

Un ejemplo de esta situación consiste en que desde 2008 el Código Penal Federal garantiza el principio de presunción de inocencia, gracias al cual nadie puede ser encarcelado si no hay un juicio previo.

Sin embargo, una persona acusada de robo a casa habitación, de combustible o por corrupción podría permanecer presa antes de que le pregunten si es responsable, debido a las recientes modificaciones del Artículo 19 constitucional.

Y todavía más: contra todas las recomendaciones de los organismos que trabajan en temas de derechos humanos a escalas nacional e internacional, el ejército puede patrullar las calles, debido a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. En opinión del académico, estas situaciones son muestras de desaciertos en las políticas públicas que ha impulsado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia "Derechos Humanos, políticas públicas y conflictos constitucionales. Retos y oportunidades de la Cuarta Transformación", llevada a cabo el pasado 25 de marzo y organizada por la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, Salazar Ugarte opinó que algunas de las decisiones del nuevo gobierno federal afectarán a las personas más pobres.

De acuerdo con el especialista, la guerra contra el "huachicoleo" no pondrá en la cárcel a los cabecillas, sino a las mujeres de las comunidades marginadas donde ocurren las extracciones ilegales, quienes son las que muchas veces venden un barril o dos litros de combustible para alimentar a sus familias; los recortes presupuestales a las guarderías federales pondrán en aprietos a los hijos de las madres más pobres, aquellas que no están aseguradas ni pueden pagar una estancia; el desconocimiento a los intermediarios entre el gobierno federal y los estados debilitará a la sociedad civil organizada, y los patrullajes del ejército por lo largo y ancho del país podrían poner en riesgo a la ciudadanía.

Pero en diversas encuestas los mexicanos piden soldados en las calles. ¿Por qué el ejército no debería hacer labores de policía? Porque la historia pasada y reciente le ha enseñado a México que en los lugares a los que llegan los militares aumentan las desapariciones y muertes, y cuando hay enfrentamientos en los que participan las fuerzas militares muchos mueren: responsables, inocentes y niños de muy corta edad.

"La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en que estas figuras no son compatibles con un Estado democrático", recordó Salazar, quien, entre otros cargos, es integrante del Grupo Nacional Mexicano de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El profesor de la UNAM lamentó que los derechos humanos sean un concepto muy devaluado en México, porque erróneamente algunos creen que sirven para defender a quienes delinquen. No es así, sirven para que el Estado no abuse de los ciudadanos y todos tengamos garantizado un juicio justo.

Salazar recordó que la agenda de los derechos se promueve desde el horror "y adquiere sentido cuando nos damos cuenta del daño que nos podemos causar, sobre todo desde el poder hacia los más débiles. Cuando algunas voces dicen: ‘ya no hablen de derechos humanos', se asoman el autoritarismo y el horror".

Admitió que existe una gran expectativa sobre el nuevo gobierno federal, cuya llegada responde al hartazgo de gran parte de la población ante la desigualdad socioeconómica, la violencia, la corrupción y la impunidad, y que existen presiones porque los mexicanos exigen una solución rápida a problemas históricos.

Pero en su opinión las soluciones rápidas pueden ser peligrosas ante los problemas estructurales, y la mexicana "es una sociedad indecente en su propia estructura" de desigualdad.

Desde su propuesta, antes que actuar, las autoridades deben investigar las causas de la violencia —de los feminicidios, por ejemplo— y garantizar los derechos sociales de toda la población.