Debemos alzar la voz con rigor

Alejandro Anaya, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos

La creación de la Guardia Nacional es una estrategia que no traerá paz al país, pues sólo prolongará la violencia, considera Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"La historia reciente del país nos demuestra que esa no es la manera de solucionar el problema de la inseguridad. Hemos visto, ya casi durante tres lustros, un incremento en las violaciones a los derechos humanos, la desintegración del tejido social en muchas comunidades del país y abusos por parte de las fuerzas de seguridad", dijo en entrevista el académico durante su visita a la Casa ITESO Clavigero en marzo pasado, donde impartió la conferencia "Derechos Humanos, políticas públicas y conflictos constitucionales. Retos y oportunidades de la Cuarta Transformación".

Salazar dijo que se debe apostar por construir instituciones civiles de procuración de justicia y recordó que la Guardia Nacional no es una estrategia nueva, debido a que desde el gobierno de Vicente Fox se tomaron las primeras decisiones, las cuales se siguieron de manera más decidida en el sexenio de Felipe Calderón "incluso con una retórica belicista, lo cual generó en los hechos, aunque no nos guste reconocerlo, una situación de guerra en el país".

Agregó que "los números de personas muertas, desaparecidas y desplazadas son propios de un conflicto bélico, y el presidente Peña Nieto tampoco hizo nada en sentido contrario; cambiaron un poco la retórica y la orientación de los énfasis de cobertura al fenómeno de la violencia en el país, pero se continuó con la misma estrategia, y lo que tenemos hoy es un saldo sumamente negativo a escala nacional".

El académico considera que las fuerzas armadas han ganado poder en los últimos años, ya que se les ha designado más presupuesto, están desplegadas por todo el país e inciden en la toma de decisiones en los órganos de gobierno.

"Las instituciones que ganan poder se resisten a cederlo, lo que buscan es incrementarlo y en el caso concreto de las fuerzas armadas ahora tienen un poder que no tenían y al que no se ve que fácilmente vayan a renunciar", sentencia.

Algunos especialistas han planteado que las instituciones mexicanas de procuración de justicia no pueden con los retos que plantea la impunidad que quizá, junto con la inseguridad, es uno de los grandes problemas que se enfrentan. Una alternativa es el establecimiento de un mecanismo internacional o mixto de combate a la impunidad más o menos en la línea que trabaja la Comisión Contra la Impunidad de Guatemala.

La impunidad en nuestro país, eso lo demuestran las encuestas y datos estadísticos, es muy alta en todos los ámbitos y lo que tenemos que ir viendo es qué tipo de mecanismos necesitamos para enfrentarla.

Por ejemplo, si pensamos en el tema de las violencias, para enfrentar la impunidad lo que necesitamos es construir una institucionalidad que no tenemos las instituciones civiles de procuración de justicia, las cuales suponen policías capaces de investigar, prevenir y perseguir delitos; ministerios públicos capacitados para llevar a cabo las tareas que tienen a su cargo por mandato constitucional.

Es decir, se necesita una serie de capacidades institucionales que no tenemos porque no apostamos por crearlas en los últimos años. Ese ha sido uno de nuestros peores déficits de institucionalidad.

Por otro lado, si lo que estamos pensando es la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en México, probablemente sí se requiera un mecanismo distinto a las instituciones ordinarias de procuración de justicia. Son fenómenos que tienen complejidades particulares y quizás lo que se necesita son mecanismos especiales, con expertos que quizá no tenemos en nuestro país para encarar temas como la desaparición de personas y los feminicidios.

Ahí se tienen fenómenos que quizá lo que requieren es un tratamiento no ordinario para comprenderlos, perseguirlos y garantizar que los culpables paguen las consecuencias que jurídicamente tienen que cumplir.

Y el otro terreno, lo que me conduce más a esta comisión especial que mencionas, es el tema de los grandes escándalos de corrupción que muchas veces están vinculados también con las violaciones de derechos humanos.

Son esos casos, digamos, extraordinarios por su gravedad, magnitud y costos sociales que ameritarían una investigación especial y para los cuales también vale la pena buscar instrumentos, no sé si nacionales o internacionales, pero excepcionales que permitan dar cuenta a cabalidad de la magnitud de los problemas.

Otra de las manifestaciones de la situación en la que está México es la de la desaparición de personas. Quizá estarás de acuerdo en que el problema ya no es por falta de un marco jurídico apropiado, ¿cómo ves los retos de su implementación y qué tanto crees que el nuevo gobierno está tomando los pasos adecuados?

Lo primero que diría es que es un fenómeno que hay que entenderlo, medirlo, dimensionarlo y calibrarlo en todos los lugares en los que se ha manifestado. Es probable que las causas y razones de las desapariciones en Veracruz no sean idénticas a las que suceden en Jalisco, por poner ejemplos. Ver las particularidades del caso para comprender el fenómeno requiere de una investigación enorme.

Tengo la impresión, y esto hay que decirlo, que el gobierno actual empezó por la vía correcta al reconocer el problema, porque no se había querido reconocer en su magnitud y en su dimensión.

Lo que hace falta es que es la construcción de capacidades, que supone recursos económicos, institucionales y diseño de políticas públicas para enfrentarlo, además de un compromiso político.

Se dice fácil, pero en el nivel de las entidades federativas es altamente probable que haya resistencias muy fuertes por parte de autoridades locales. Es decir, de quienes son potenciales responsables, ya sea por omisión o por colusión. Esas resistencias hay que irlas desmontando, superando y controlando.

Ya hemos repasado una serie de retos y de grandes problemas nacionales, ¿qué nos toca a los universitarios?, ¿qué nos toca a las universidades?, ¿cuál es nuestra parte de la respuesta?, y ¿qué podríamos estar dando?

Las universidades y los universitarios tenemos una responsabilidad muy importante en un contexto como el que estamos viviendo.

Lo primero, es tomar conciencia, ya que la conciencia histórica es responsabilidad histórica, decía María Zambrano (filósofa y ensayista española), y creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de la magnitud de los problemas y los retos que el presente nos plantea.

Por otro lado, nos pide ser capaces de advertir y denunciar esos problemas. Es decir, ejercer la libertad, que es quizá la esencia nodal de nuestro quehacer, y de no tener una actitud, digamos, de temerosidad para decir las cosas, sino que tenemos que ser responsables, serios, rigurosos, pero al mismo tiempo veraces y capaces de alzar la voz.

Luego tenemos dos dimensiones que no podemos olvidar: por un lado, la formación de los universitarios y de los jóvenes, que deben tener los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar una vida profesional exitosa y comprometida, pero también deben tener la esperanza de pensar que pueden cambiar su realidad e intentar hacerlo.

En eso tenemos una gran responsabilidad, porque les debemos demostrar que es posible y que, a pesar de los problemas que enfrentamos, un mundo mejor se puede conseguir si intentamos lograrlo, desde los puntos de vista técnico y ético, que no es una cuestión menor.

Finalmente, quienes hacemos investigación tenemos la responsabilidad de hacerla políticamente imparcial, técnicamente sólida y socialmente útil porque el compromiso de las universidades, públicas y privadas, es con la verdad y con la transformación en clave emancipatoria, incluyente e igualitaria del entorno social en el que vivimos.