El costo de la impunidad va más allá del dolor

Érika Torres

Si esto no nos mueve, ¿entonces qué? Esta pregunta fue hecha por Laura Rubio Díaz Leal, académica del ITAM, durante la ponencia "Costos de la impunidad y el desplazamiento interno forzado en México", tras la transmisión de un video de seis minutos de duración que presenta testimonios de familias de distintas partes del país que han sido víctimas de la impunidad generada por el crimen organizado en el país.  

Aunque el proyecto de la investigadora está enfocado en el costo social y humano que genera el desplazamiento interno de quienes han sido alcanzados por la violencia en distintos estados del país, parte de su estudio se ha concentrado también en demostrar, cuantitativa y cualitativamente, que el desplazamiento forzado trae consigo un costo económico.     

Uno de los cometidos más importantes al dar a conocer estos trabajos de investigación no solo con cifras, sino poniéndole un rostro a aquellas madres, padres, hijas, hijos, esposos y esposas - además de familia extendida y amigos – que han perdido a seres queridos a causa del crimen y siguen esperando justicia, es incidir en la sociedad, no en los especialistas u ONGs, sino en el público en general.

"Nuestra meta es llegar a esa audiencia que no le importa la impunidad, y nuestra hipótesis es que si hablamos en términos de costos, eso ya no nos conviene tanto como sociedad", indica Rubio.  

De acuerdo con sus investigaciones, el desgaste económico comienza desde antes del desplazamiento, cuando las familias tienen que pagar derecho de piso o rescate por algún caso de secuestro. Cuando las familias deciden hacer una denuncia, son las amenazas las que les obligan a cambiar de residencia, con lo que comienza la pérdida patrimonial, que se va dando de forma gradual.  

Para este estudio en particular, con una de las familias desplazadas trataron de establecer cuál era el valor patrimonial de la familia, tratar de establecer el tipo de vida que tenían basándose en ingresos mensuales y testimonios de vecinos y amigos. Muchos de los miembros de esa familia tenían acceso a educación privada, viajes al extranjero, negocios locales e incluso exportación a Estados Unidos.  

El enfocarse en el aspecto económico de la situación de desplazamientos forzados tiene como fin "despertar" al gobierno: "Si no le mueven a la acción los testimonios, pensamos que entonces a lo mejor ponerlo en número sacudiría un poco al estado", señala Rubio. 

Acerca del desplazamiento interno, la investigadora asegura que mientras más se indaga en las causales que lo generan, más destaca la cantidad de cosas que no se saben sobre el fenómeno en términos de comportamiento espacial, las particularidades regionales o subregionales, municipales, en dónde se mezclan causas de miseria, ambientales, violencia y conflictos. ¿Qué es lo que sí se sabe? La discrepancia que hay a la hora de llegar a una cifra, ya que los distintos organismos que se encargan del estudio de este fenómeno tienen diferentes mecanismos para acercarse a él.  

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), basándose en trabajo de campo y en la solicitud de información a las instancias correspondientes de cada estado, llegó en 2016 a la cifra de alrededor de 60,000 personas desplazadas en 27 estados del país, con lo que se abre la puerta a considerar el problema desde otra arista: son más los estados expulsores y receptores, lo que en un mediano plazo puede representar un problema nacional que es necesario que requiere de una política nacional y de leyes que abarquen a todo el país, en vez de descargar la responsabilidad en los gobiernos locales. 

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), basándose en un rastreo de prensa de desplazamientos masivos, de más de 10 familias, prácticamente desde el 2014, indica que al menos 350,000 personas han sido obligadas a desplazarse de sus comunidades. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), da una idea de cómo se genera la relación entre impunidad, inseguridad, la percepción de la falta de respuestas por parte del gobierno y el desplazamiento, que desde 2011 ha tratado el tema de cómo la inseguridad y la victimización han hecho que las personas huyan de sus comunidades. Según esta encuesta, un millón 200 mil personas al año salen de sus comunidades porque han sido víctimas o porque quieren prevenir de alguna forma el embate de la violencia.  

Uno de los aspectos que Rubio destaca acerca de los desplazamientos internos en México, es que una persona o familia que se desplace no lo hace por una sola vez. Hay un desplazamiento primario, y los secundarios se desprenden de ese primer desplazamiento, sea porque no encontraron las condiciones para desarrollarse económicamente o porque los hijos no se adaptaron a la escuela. Esta serie de desplazamientos abona también al deterioro económico de las familias, independientemente de su capacidad adquisitiva.  

Además de los grupos indígenas, que sufren un tremendo problema de impunidad en el país, el estudio señala el caso de los jornaleros desplazados, íntimamente ligado con la producción de drogas y más evidente en la llamada zona del triángulo durado, donde colindan Chihuahua con Durango y Sinaloa; el caso de defensores de derechos humanos y el de los periodistas que han tenido, además de huir para proteger su vida, que imponerse una autocensura.  

Entre los costos intangibles están el rompimiento del tejido social tradicional y problemas de salud mental como estrés y trauma, especialmente en niños, niñas y mujeres, que son los más vulnerables en esta situación. 

El reporte presenta cinco casos de estudio y se puede consultar en http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/03/Costos-de-la-impunidad-y-el-desplazamiento-interno-forzado-en-Mexico.pdf.