Reflexionan sobre el derecho humano a la alimentación

Édgar Velasco

El 16 de octubre de 1945 los representes de 42 países reunidos en Quebec, Canadá, crearon la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Su objetivo entonces era liberar a la humanidad del hambre y la malnutrición, así como propiciar una mejor gestión del sistema alimentario mundial. 34 años después, en 1979, se estableció el mismo día para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, dar a conocer los problemas relacionados con el hambre, así como sensibilizar a las personas y fortalecer la solidaridad para luchar contra la desnutrición y los problemas asociados. En 2021, el escenario poco ha cambiado: sólo por mencionar el caso de México, en 2019 había casi 55 millones de personas que padecían inseguridad alimentaria, eso es, no tenían la certeza de que harían al menos una comida al día.

En el marco de la celebración, la Ibero León organizó las Jornadas por el Día Mundial de la Alimentación 2021, con el tema "Sistemas Alimentarios Sostenibles: compromiso desde la nutrición". En su jornada final tuvo lugar el panel "Políticas Alimentarias en México, en dónde estamos y hacia dónde vamos", que contó con la participación de Ulises Brambila, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué Comemos?, instancia coordinada por el ITESO y el Centro Universitario de Tonalá de la UdeG.

Brambila comenzó su participación explicando la labor que se realiza desde el observatorio en donde, explicó, se tiene el foco en las políticas públicas relacionadas con el cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada en Jalisco, un derecho que, dijo, "a pesar de ser uno de los más importantes es uno de los que es más violados y esta situación empeoró con la pandemia". En ese sentido, añadió, el escenario es pesimista, pues se prevé que haya un retroceso en materia de seguridad alimentaria a los niveles que había en 2010.

El académico orientó su intervención para presentar grosso modo el informe de políticas públicas que presentó el observatorio en mayo pasado, en el que se analizaron las acciones de los últimos tres años del gobierno estatal en materia de alimentación, se realizaron hallazgos que dan cuenta del ejercicio del derecho a la alimentación adecuada en el estado y se identificaron diferentes problemas relacionados con esta materia.

Brambila expuso las seis propuestas de políticas públicas que se desprenden del informe, entre las que se encuentran la protección de la tenencia y gestión de la tierra, la protección del derecho al agua, el fortalecimiento de la educación alimentaria, el apoyo a la producción diversa, agroecológica y la promoción del policultivo, entre otras. Finalmente, como punto número siete,  refirió que el informe incluye una reflexión sobre lo que se puede hacer para garantizar el cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada después de la pandemia por Covid-19.

En el panel también participó Sonia Hernández Cordero, académica de la Ibero Ciudad de México, quien habló sobre la seguridad alimentaria y de cómo en América Latina hay 191 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria. Detalló la manera en la que los informes y los estudios han detectado cómo se adaptan las familias a un escenario de inseguridad alimentaria. "Primero hay una preocupación por los suministros de alimentos; luego, vienen los ajustes al presupuesto; después vienen los ajustes en las raciones de los alimentos de los adultos, y finalmente vienen los ajustes en las raciones de los menores, que en muchos casos implica que los adultos dejen de consumir alimentos", explicó la investigadora.

Juliana Morales, directora del Consejo de Ciencia y Tecnología de Durango, presentó una muy detallada exposición sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, un problema que, dijo, no deja de ser paradójico en un escenario de inseguridad alimentaria. Explicó que a escala global hay una pérdida de 14 por ciento de la producción de alimentos, esto es, los productos se pierden incluso antes de llegar a los centros de comercialización, porcentaje al que se suma 17 por ciento de desperdicio. En total 31 por ciento de los alimentos terminan desechados, lo que tiene impactos sociales, medioambientales y económicos.

El panel concluyó con la participación de Pablo Alarcón, representante de la FAO México, quien señaló que uno de los retos mundiales para 2030 es reducir la cantidad de alimentos que se pierden o se desperdician.