Agua: ¿derecho o negocio?

Judith Morán

"El gobierno y la gestión del agua no pueden subordinarse a la lógica del mercado, de la acumulación privada de ganancia", afirma Esteban Castro, especialista en temas de gestión y saneamiento del agua a escala mundial.

Muy lejos de esta concepción, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó en 2015 la iniciativa de Ley General de Aguas que se intentó aprobar vía fast track, violando los tiempos de consulta, revisión y votación.

La propuesta, que para varios expertos favorecía la privatización de la extracción y distribución del agua, fue conocida como Ley Korenfeld. El titular de la Conagua en ese entonces era David Korenfeld Federman. Finalmente fue desechada ante la presión de la sociedad organizada.

Sin embargo, a finales de septiembre pasado comenzó a circular otra iniciativa de ley por parte de la Conagua.

De acuerdo con María del Carmen Lara, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se incluyeron un par de cambios, por ejemplo una procuraduría social, pero ello no la vuelve una propuesta diferente.

Organizaciones como Agua para Todos, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua y Greenpeace, entre otras, advirtieron que los cambios propuestos por la Ley Korenfeld fortalecían los mecanismos que permitirían que los organismos operadores del agua quedaran en manos de la iniciativa privada.

En el documento se contempla imponer sanciones (multas o cárcel) a las personas que realicen análisis del agua en el país sin tener la autorización de Conagua, explica Alessia Kachadourian, egresada de Ingeniería Ambiental del ITESO y colaboradora de Agua para Todos.

Además, el umbral de contaminación es mucho más laxo que el que permite la  Ley de Aguas Nacionales, añade Kachadourian.

Ahora se sabe que la Conagua ya se reunió con diputados en una sede alterna al recinto legislativo para presentar una nueva iniciativa.

La académica enfatiza que la legislación del agua no debería pasar sólo por las comisiones de Agua Potable y Saneamiento, y la de Recursos Hidráulicos, sino por la mayoría de las comisiones legislativas existentes, por ejemplo, las de Cambio Climático y Asuntos de Salud, entre otras.

Una propuesta ciudadana

En el mismo año que la Conagua presentó su proyecto de ley, la sociedad civil organizada dio a conocer una iniciativa a la que se le conoce como Ley de Agua para Todos.

Su principal eje es, explica Kachadourian, garantizar el acceso al agua más allá de su definición de derecho humano, el cual sólo vela por la higiene personal y el uso doméstico.

Es decir, demanda que el agua esté bajo el control de la población mexicana.

"El servicio del agua no puede atentar contra la economía familiar, tampoco se debe atentar contra los usos y costumbres tradicionales y autóctonos que preservan el ciclo hidrogeológico de nuestro territorio".

La Ley de Agua para Todos propone pasar de un modelo de administración del agua a un modelo de gestión integral, además de ver por la protección, preservación y restauración de los ecosistemas del país.