El Sistema Nacional Anticorrupción nos necesita a todos

Vanesa Robles

¿Qué vamos a hacer para que México sea menos corrupto?

Por lo pronto, a mediados de 2017 comenzarán a funcionar los engranes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un conjunto de leyes, instituciones y acciones que pretenden vigilar y castigar los actos ilegales de los servidores que trabajan en las instituciones públicas federales y estatales.

Es necesario el compromiso de los ciudadanos para que este marco de herramientas funcione para denunciar, para no participar de las "chuecuras" y para presionar a que las intenciones sean reales.

"La corrupción no se puede abatir sin un trabajo importante de la sociedad civil", opinó Alfonso Hernández Valdez, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Recordó que si como sociedad no logramos por lo menos disminuir el problema de la corrupción, tampoco podremos resolver otros que nos afectan a diario o de manera directa como la violencia y la impunidad.

Hernández participó en el panel "Sistema Nacional Anticorrupción. Avances y retos", en el marco del Segundo Encuentro de Innovación Jurídica celebrado el pasado 31 de marzo en el ITESO.

Moderados por Horacio Topete Horta, integrante del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, en la mesa de discusión también participaron Alfredo Ureña Heredia, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Avelino Bravo Cacho, director general jurídico de la Contraloría de Jalisco.

Topete recordó que el organismo Transparencia Internacional pone a México entre las naciones peor calificadas en el tema: en el lugr 123, de 176 países del mundo.

En estas circunstancias, el 27 mayo de 2015 se publicaron reformas a la Constitución mexicana para dar forma al SNA.

Como resultado, en julio de 2016 entraron en vigor cuatro nuevas leyes federales: la del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas, la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Además, se modificaron otras que ya existían como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se trata de algo más que de otro conjunto de artículos y penas, afirmó Hernández. El académico calificó estos esfuerzos como algo "muy novedoso, que jamás había ocurrido. Es una oportunidad histórica muy importante para que realmente transforme la manera en la que convivimos".

Ureña añadió que se pretende, por fin, controlar una práctica que ha sido una realidad y un mito de la vida pública mexicana, a la cual nadie quería entrarle.

Avelino Bravo puso como ejemplo que ya no existirá el secreto bancario, un argumento que usaban los servidores públicos que querían mantener sus cuentas en privado. Ahora se podrá seguir la ruta del dinero y, por lo tanto, posibles casos enriquecimiento ilícito.

Lo mejor es que es una obligación que el SNA se replique en los estados donde también habrá participación de comités ciudadanos que se elegirán por los congresos. Ante este panorama, será necesario vigilar que nuestros representantes no sean el resultado de acuerdos políticos de los partidos, señalaron los participantes.

Por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas. Por ejemplo, cuando faltan sólo tres meses para que el sistema entre en vigor, no se ha nombrado a un fiscal anticorrupción ni en el país ni en cada uno de los estados, donde el ajuste y la promulgación de leyes marcha a ritmos distintos en cada caso, recordó Bravo. En general, en Jalisco faltan recursos humanos, dinero e infraestructura, dijo.

Otro reto es que los tribunales "den el ancho" y sean intocables por los corruptos, consideró Alfredo Ureña.

El magistrado recordó que en países como Perú y Colombia han funcionado bien los jueces sin rostro, para juzgar casos de delincuencia organizada, y en México esta idea no sería descabellada. "Un juez sin rostro no es sobornable porque no es identificable", destacó.

Desde su trinchera, que es la vigilancia ciudadana del sistema a escala nacional, Hernández consideró que el reto principal es que el nuevo marco legal dé resultados en el mediano plazo y se puedan ventilar, para el público, todos los procesos que se desencadenen de él.

A eso añadió el establecimiento de alianzas estratégicas con ciudadanos, académicos y empresarios; el funcionamiento de una plataforma digital en todo el país, para recibir denuncias, y el establecimiento de indicadores claros para medir la corrupción y su probable disminución.

El académico insistió en que es indispensable la participación de la sociedad civil para que todo lo anterior sea posible. A todos nos queda claro, dijo, que en el tema de la corrupción, en México "no podemos seguir como estamos".

El panel fue organizado por la Licenciatura en Derecho del ITESO, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Jalisco; la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en Jalisco, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y el Colegio de Abogados de Jalisco Constituyente Luis Manuel Rojas.